Acuerdo en el Parlamento gallego de "rotundo" rechazo a que el Gobierno imponga peajes en las autovías

Los grupos del Parlamento de Galicia han acordado transmitir al Gobierno su "rotunda oposición" al cobro de peajes en las autovías que son de titularidad estatal, tras votar a favor de una proposición no de ley defendida por el diputado del BNG, Luis Bará.

La Cámara gallega aprobó "mostrar su rotunda oposición a la intención del Gobierno central de establecer peajes en las autovías, por considerarlo una medida regresiva, que establece barreras económicas en el acceso a los servicios básicos como son las infraestructuras viarias, pone en riesgo la seguridad viaria y que supone un atranco al desarrollo económico y a la cohesión social en Galicia".

Al mismo tiempo, también se ha aprobado instar a la Xunta de Galicia a "establecer de forma inmediata la rebaja de los peajes para la totalidad de las personas usuarias de las autopistas de titularidad de la Xunta de Galicia".

El acuerdo se ha alcanzado en un debate parlamentario en el que Luís Bará calificó de "globo sonda" del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que se estudiaría el pago en las autovías, que en Galicia afectaría a la A-6, la A-8 y la A-52.

El diputado nacionalista mostró su rechazo a una "medida regresiva, un paso atrás, solo recaudatoria y discriminatoria para Galicia" que ahonda en la "discriminación" de una comunidad con las "pensiones y salarios más bajos".

LLUEVE SOBRE MOJADO
"Es que llueve sobre mojado, nos parece un anuncio inoportuno y provocador ante la situación escandalosa que llevamos vivida con la subida de peajes del 4% de la AP-9 y del 40% desde 2010", ha aseverado el diputado nacionalista, que vinculó este debate con la situación de la Autopista del Atlántico y la "interminable lista de agravios" que supone que se estén eliminando peajes en vías similares españolas, como la AP-1, en las que sí se ha finalizado la concesión.

Luís Bará también denunció en su intervención la "absoluta complicidad de la Xunta y del Estado" con la AP-9, al no expedientar a la concesionaria por los atascos en el puente de Rande por los que ahora presentará la Fiscalía una demanda colectiva por práctica abusiva y criticó los 380.000 euros diarios que ingresa la concesionaria Audasa, por lo que ha definido como "estafa, abuso y expolio".

El diputado del Partido Socialista Luis Álvarez Martínez defendió al Gobierno central al indicar que "no hay ninguna posición prefijada", ya que solo se trata de "establecer recursos para mantener la extensa red de infraestructuras".

Desde En Marea, el parlamentario Antón Sánchez censuró la extensa red de infraestructuras del Estado español, que atribuye a una época "irracional y guiada por constructoras, época dorada con gobierno de PSOE y de PP", aunque transmitió su apoyo a una iniciativa "preventiva".

GENERA "PREOCUPACIÓN"
Por su parte, desde las filas del grupo popular, el diputado Martín Fernández Prado, lamentó que se trata de "una propuesta de un gobierno socialista que no parece serio, responsable, que envía globo sonda contra las clases medias" y que "está generando preocupación en una comunidad preocupada por la escalada de precios".

"No estamos a favor de que se siga incrementando la discriminación entre comunidades y con Galicia en concreto; y con medidas como esta que generen más discriminación", remarcó.