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Víctimas recurren el cierre al considerar que debe abrirse juicio oral al exjefe de seguridad de Renfe

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois (Santiago), donde hubo 80 muertes y 144 heridos, ha recurrido el auto por el que el juez da por terminada la instrucción del caso.

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Accidente del Alvia en Angrois

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois (Santiago), donde hubo 80 muertes y 144 heridos, ha recurrido el auto por el que el juez da por terminada la instrucción del caso.

En el documento, presentado este lunes en el juzgado y al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la plataforma pide continuar con el procedimiento contra el exdirector de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, y contra el responsable de seguridad de Adif en la zona noroeste, Fernando Rebón.

Además, el letrado Manuel Alonso Ferrezuelo recurre, en representación de esta asociación de afectados, la mayoritaria y activa en la causa, contra la negativa del instructor a tomar declaración al exjefe de la unidad de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, quien recientemente compareció en la comisión del Congreso que investiga el siniestro.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago acordó el cierre con dos investigados: el maquinista, que circulaba con un exceso de velocidad aquel día y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, a quien atribuye deficiencias en el análisis de riesgos de la línea.

Hasta el momento de emitir el auto con esta decisión, también estaban investigados Lanchares y Rebón, junto a tres técnicos de Ineco, cuyas declaraciones en sede judicial sirvieron para determinar que el tramo que abarca la curva de A Grandeira, donde se produjo el descarrilamiento, carecía de la evaluación de riesgos por parte de una entidad independiente.

"RENFE DEBE SER GARANTE"
En el recurso, el representante de la plataforma de víctimas recuerda al juez que la Agencia Ferroviaria Europea, en el informe que le fue requerido por el juzgado, establece que "la responsabilidad de evaluar los riesgos antes de la puesta en servicio de la línea no es algo exclusivo del administrador de la infraestructura (Adif), sino que también compete a la empresa ferroviaria (Renfe)".

E incide en que esto es así "en aplicación de la legislación vigente en el momento de puesta en servicio de la línea".

De este modo, subraya que "Renfe debe ser garante y tiene responsabilidad de los posibles riesgos en la nueva línea" y añade que "debería haber controlado a través del correspondiente análisis de riesgo dicha circunstancia".

El letrado va más allá al afirmar que "el motivo" por el que solicita "que se deba abrir juicio oral" a Lanchares "como máximo responsable de la seguridad en Renfe no solo es por esa ausencia de un análisis de riesgo previo a la puesta en marcha de la línea, sino también por la desconexión del ERTMS", el sistema de control continuo de la velocidad.

Dicha desconexión, destaca, supuso "un cambio significativo en la seguridad de la línea" y "era conocida tanto por Adif y por Renfe".

A todo esto, agrega "un hecho muy significativo" que es el aviso de un jefe de maquinistas que detectó "graves irregularidades en al curva donde se produjo la catástrofe". "Lo puso en conocimiento de sus jefes, quienes, parece ser, no hicieron nada", denuncia.

"SUPERVISAR O AL MENOS REVISAR"
Quien "estuvo presente en una reunión en la que se trató el aviso" de ese jefe de maquinistas fue Fernando Rebón, el entonces, y aún ahora, gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste de Adif.

Sobre él, Ferrezuelo resalta que tenía que "supervisar o al menos revisar que se hubiese cumplido la normativa respecto al alta de una nueva línea en su demarcación territorial".

El hecho de que Rebón manifestase en su declaración ante el juez que "la línea ya le viene dada de alta", argumenta el abogado de las víctimas, "no es óbice para que en su condición de gerente de la seguridad de esa zona territorial tuviese que supervisar o al menos revisar" estas circunstancias.

Además, llama la atención sobre "el escaso margen que se tuvo desde que se finalizó la obra hasta que se dio de alta la línea", para concluir que estos aspectos "deberían haber hecho dudar" a Fernando Rebón.

"Acaso no conocía que había habido un cambio de proyecto, acaso no sabía que se había suprimido el sistema ERTMS en el tramo más peligroso de la línea. Para qué estaba entonces el señor Rebón en ese cargo, solo para cobrar el sueldo y calentar el sillón", se pregunta.

MEDIOS DE PRUEBA
Por último, apela a la "lesión y/o vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" en relación con el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa para rechazar que el juez deniegue la toma de declaración del exjefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr.

"El motivo por el que se deniega es que ya ha contestado por escrito a preguntas que le fueron formuladas por las partes" y "por esa regla de tres no se debería haber tomado declaración a ninguno de los peritos", aduce.

Asimismo, advierte de que "en el acto del juicio oral", su comparecencia "puede ser demasiado tarde". Su declaración "podría ser determinante para aclarar la responsabilidad más que evidente del señor Lanchares en los hechos enjuiciados", avisa.

Así, recalca que ve "pertinente" esta diligencia de investigación y "relevante". "Es estrictamente necesaria para ejercitar el derecho de defensa de mis patrocinados", expone, antes de resolver que las víctimas "solo quieren conocer toda la verdad de lo ocurrido y llevar ante la justicia a todos los responsables del fatal siniestro".

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