#Claves de la semana

Galicia registra 14.000 reclamaciones por la factura de la luz en un lustro, con sanciones por 20 millones a eléctricas

Visto para sentencia el recurso de la Xunta ante el Supremo por los suplementos territoriales energéticos

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Sol Vázquez Abeal en comisión parlamentaria.

Visto para sentencia el recurso de la Xunta ante el Supremo por los suplementos territoriales energéticos

Más de 14.000 gallegos presentaron reclamaciones por sus facturas de la luz en el último lustro en las oficinas de Consumo, que provocaron expedientes sancionadores desde 2014 por 20 millones de euros a compañías eléctricas.

De ello ha informado este miércoles en la comisión de Industria la directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez Abeal, en respuesta a una pregunta de En Marea, en la que el diputado Pancho Casal ha acusado a la Xunta de ofrecer medidas "insuficientes" para que los consumidores gallegos estén mejor informados y puedan ahorrar en su factura eléctrica.

Al respecto, Vázquez Abeal ha informado de que se han celebrado más de 120 charlas a las que han asistido 2.600 personas, al tiempo que casi 30.000 personas han recibido información a través de un teléfono gratuito de asesoramiento.

Por ello, la responsable de Consumo defiende que ese asesoramiento se "está traduciendo" en esas 14.000 reclamaciones y sus consecuentes sanciones. "Cualquier camino para mejorar la información de consumidores lo vamos a hacer", sostiene.

En este sentido, explica que se ponen "todas las herramientas" para que los consumidores apuesten por tres puntos "clave" como son la tarifa regulada, la revisión de potencia y la discriminación horaria.

En cambio, Pancho Casal denuncia que "falta información", lo que cuesta a los hogares gallegos "entre 125 y 213 millones" al año que acaban en los "bolsillos" de las eléctricas. A modo de ejemplo, remarca que "compensa a todo el mundo estar en discriminación horaria", pero "es un escándalo" que "solo el 6%" de los ciudadanos la tienen contratada.

RECURSO POR SUPLEMENTOS TERRITORIALES ENERGÉTICOS
Por otra parte, en esta comisión el director xeral de Enerxía, Ángel Bernardo Tahoces, ha informado de que el recurso contencioso-administrativo de la Xunta presentado este año ante el Tribunal Supremo contra la orden que fija los suplementos territoriales que tendrán que abonar los usuarios de electricidad por la producción de 2013 en Galicia "está visto para sentencia", después de que un fallo avalase que las eléctricas pueden recuperar lo tributado en impuestos autonómicos.

Así, la diputada del BNG Noa Presas ha tachado de "disparate" que los gallegos tengan que pagar 38 millones de euros por suplementos territoriales. Mientras, Tahoces ha dejado claro que esa "tomadura de pelo" no afecta "exclusivamente a Galicia", sino "a 14 comunidades autónomas".

El responsable de Enerxía insiste en que "la Xunta en modo alguno está de acuerdo en que la sociedad gallega pague, aunque solo sea la anualidad correspondiente a 2013" por el canon del agua o el eólico. Censura que actividades empresariales que tienen un impacto negativo sobre el territorio se traduzcan en un "beneficio" para las compañías y un coste para los gallegos.

Por tal motivo, Tahoces exige al Gobierno que "no existan estos suplementos territoriales", por lo que muestra su "total desacuerdo" con la orden ministerial, ante lo que presentó unas alegaciones "contundentes", al igual que otras comunidades.

REINDUSTRIALIZACIÓN SIN CONSENSUAR CON AUTONOMÍAS
En esta comisión, Abel Losada (PSdeG) ha solicitado al Gobierno gallego un plan industrial que aproveche el fondo para la reindustrialización por 870 millones impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha denunciado el "oscurantismo" del Instituto Galego de Promoción Económica en las ayudas concedidas a la industria.

En respuesta, el director del Igape, Juan Cividanes, ha criticado que ese fondo para la reindustrialización fue una decisión "unilateral" del Gobierno, "sin tener en cuenta las opiniones de las comunidades autónomas". "Entendemos que no es la forma de proceder", reprocha.

A renglón seguido, Cividanes recrimina que la forma de proceder del Gobierno provocó "quejas por parte de un número importante de comunidades", por lo que fue necesario crear un grupo de trabajo para "consensuar" su mejor empleo.

A LA ESPERA DE UN INVERSOR PARA ISOWAT
Por otra parte, Noa Presas (BNG) ha reclamado que la Xunta "debe acelerar su implicación en una solución" para la fábrica coruñesa de Isowat --que forma parte del grupo Invertaresa en concurso de acreedores-- ante la "amenaza de cierre" sobre un cuadro de personal de 85 trabajadores.

El director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Juan Cividanes, ha mostrado su "preocupación" por la situación de la empresa, mientras "la solución pasa por la búsqueda de un inversor industrial que dé continuidad".

Así, "algunos" posibles inversores siguen interesados, por lo que asevera que están "en conversaciones con todas las partes en la búsqueda de una solución que pueda ser viable".

En su turno de réplica, Noa Presas se ha quejado de la falta de información aportada por la Xunta sobre cómo está la situación. "Me quedé un poco como estaba", ha lamentado. SINIESTRALIDAD LABORAL

Otra de las preguntas del día ha sido la formulada por Pancho Casal (En Marea), que ha denunciado el "escándalo" de que la siniestralidad laboral en el sector industrial "no para de crecer" en los últimos años en Galicia. Afirma que la "causa fundamental es la precariedad en el empleo" y acusa a la Xunta de falta de control.

Sobre este extremo, Tahoces ha replicado que el índice de incidencia, que relaciona el número de accidentes con las personas expuestas, ha bajado "más de un 40%" en la última década. Pide analizar las estadísticas con "cierto horizonte temporal".

A modo de ejemplo, apunta a que en 2017 hubo 40 muertos en accidentes laborales, una "situación tremenda", pero lo compara con que en 2007 fueron 95.

Además, el director xeral informa que entre enero y septiembre de este año el índice de incidencia bajó un 2,64%. De este modo, Galicia es la quinta comunidad con menor siniestralidad. Agrega que el 60% de los accidentes laborales son de personal que lleva más de un año en la empresa, mientras que el 56% tienen contrato indefinido.

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