El empresario acusado de duplicar facturas de un congreso en Santiago se declara inocente y afirma que "nunca" defraudó

Acusación particular eleva su petición de pena a cinco años de cárcel, Fiscalía la mantiene en dos años y medio y la defensa pide la absolución

El empresario acusado de duplicar facturas de un congreso que tuvo lugar en Santiago a comienzos de 2009 se ha declarado "inocente" en el juicio celebrado este jueves en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña --con sede en Compostela-- y que ha quedado visto para sentencia.

En sus conclusiones, Fiscalía ha mantenido su petición de pena de dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 5.400 euros por supuestos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa. Sin embargo, la acusación particular --que representa a la organizadora del congreso-- ha elevado su reclamación de condena a más de cinco años de cárcel al sumar un delito consumado de estafa. En cambio, la defensa pide su absolución.

"Soy inocente, he pagado todos los servicios", ha afirmado este hombre al frente de una empresa familiar en Santiago "desde hace 35 años", que ha asegurado --en su derecho a decir la última palabra-- que "nunca" ha "defraudado a nadie" ni ha "engañado a nadie".

Tres empresas de las que era administrador fueron contratadas por la sociedad que organizaba el Congreso de Análisis sobre Latinoamérica-Construyendo Eurolat, que se celebró en Santiago entre el 24 y el 29 de enero de 2009, para servicios como compra de billetes de avión, hoteles y traslados en la ciudad.

El acuerdo entre la compañía organizadora y el acusado era que algunos servicios se le facturarían a la organización y otros a la Secretaría Xeral de Comunicación de la Xunta de Galicia.

El Gobierno gallego llegó a abonar casi 40.000 euros en facturas por servicios que se acreditan fueron prestados, pero la organizadora denunció que el acusado quiso pasar facturas duplicadas que ya habían sido pagadas por la Xunta. Esta querella se presentó posteriormente a que el acusado iniciase un proceso en un juzgado de Madrid para cobrar lo que asegura le adeuda la compañía promotora del congreso.

"EQUIVOCACIONES SUBSANADAS"
El acusado ha contestado a todas las partes y ha defendido que los gastos que reclama a la compañía organizadora son diferentes de los cobrados al Gobierno gallego. "Lo que a mí la Xunta me pagó está descontado de lo que me debe (la organizadora del congreso)", explica. Asevera que no intentaba cobrar dos veces por el mismo concepto.

De tal forma, ha negado haber duplicado facturas con la intención de defraudar, si bien ha reconocido que hubo "equivocaciones" que fueron "subsanadas". "Alguna factura hubo que repetirla cinco veces", relata. Además, apunta que en la organización de congresos hay "cambios sobre la marcha y eso todo cuesta dinero".

Según su relato, en su día la organizadora del evento emitió 18 pagarés (de 3.000 euros cada uno), de los que el acusado pudo cobrar seis. Sin embargo, la compañía los anuló una vez presentada la denuncia en Madrid por el empresario que le reclama a la organizadora una deuda de unos 70.000 euros insatisfecha.

Asimismo, tanto en su respuesta a las partes como en su alocución final, ha asegurado que este proceso parte de la organizadora del evento con la intención de paralizar la denuncia que él presentó en Madrid para cobrar lo que supuestamente le adeudan. "La primera denuncia la puse yo porque no me han pagado servicios", deja claro.

Por ello, asevera que no ha querido llegar a un acuerdo porque es "inocente" y quiere cobrar lo que le adeuda la compañía organizadora en el otro proceso paralelo. "¡Cómo voy a negociar una cosa que sé que yo no hice", ha clamado.

Finalmente, el acusado ha indicado que ha sufrido "dos infartos" por causa de este proceso, al tiempo que ha acusado al fiscal: "La ha tomado conmigo".

TESTIMONIO DE FERNANDO SALGADO
En este juicio ha declarado como testigo Fernando Salgado, que era el secretario xeral de Comunicación de la Xunta en el momento en el que se celebró este congreso.

Así, Salgado ha explicado que en su día se decidió "patrocinar" este evento por ser de "mucho interés público", al traer a Galicia a periodistas y medios de Latinoamérica en su cuarta edición tras pasar por otras comunidades. De este modo, la Xunta comprobó que los servicios era "reales" y los gastos estaban "justificados" por lo que se abonó la cantidad correspondiente.

UN PERITO ACREDITA "COINCIDENCIAS" EN FACTURAS
Posteriormente, un perito se ha ratificado en un informe emitido en su día en el que hizo un "cotejo" de facturas, en el que identificó "posibles coincidencias" entre nombres, fechas e importes de gastos remitidos a la Xunta y a la compañía organizadora.

Entre otros testigos, a lo largo de esta jornada de jueves han comparecido varios miembros de la empresa querellante, que han afirmado que pudieron corroborar que el acusado presentaba facturas "infladas" y "duplicación" de las mismas tras cotejar con los datos de la Xunta que estas ya habían sido abonadas por el Gobierno gallego. Según sostienen, todo ello, después de la denuncia en Madrid de su proveedor de servicios y acusado en este caso.

"Fue cuando encontramos que había duplicidad de facturas cuando retiramos los títulos restantes", ha narrado el consejero delegado de la compañía querellante en relación a la paralización del abono de los pagarés emitidos.

CONCLUSIONES
El cobro de esos seis pagarés supone el porqué la acusación particular pide también un delito consumado de estafa y eleva su petición en un año y nueve meses (hasta más de cinco años de cárcel). Sostiene que "todas las facturas son falsas" y por ello debió devolver esos pagarés y no cobrarlos.

La acusación particular se ha remitido a la prueba pericial para buscar acreditar los delitos, al tiempo que identifica con "una maniobra para encubrir el fraude y la estafa" que el acusado diga que en lo que le reclama a la organizadora ya está descontado lo cobrado a la Xunta.

Por su parte, el fiscal ha detallado que mantiene su petición de condena debido a que el acusado "no ha podido dar explicaciones" sobre la facturación de "servicios muy simples" debido a que la facturación "no es correcta".

La defensa reduce a una estrategia de "confusionismo" la realizada por la acusación particular para la "paralización" del procedimiento iniciado por su representado con la compañía. Asimismo, insiste en pedir su absolución.