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Concluye tras 40 minutos la declaración de la alcaldesa de Lugo ante Pilar de Lara

Ha concluido tras unos 40 minutos el interrogatorio de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, a la alcaldesa de la capital luguesa, la socialista Lara Méndez, por la investigación que sigue contra ésta, una funcionaria y el exalcalde José López Orozco, en el marco de una denuncia del sindicato CISF por la comisión de servicio de una funcionaria.

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La alcaldesa de Lugo acude al juzgado a declarar.

Ha concluido tras unos 40 minutos el interrogatorio de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, a la alcaldesa de la capital luguesa, la socialista Lara Méndez, por la investigación que sigue contra ésta, una funcionaria y el exalcalde José López Orozco, en el marco de una denuncia del sindicato CISF por la comisión de servicio de una funcionaria.

La regidora ha llegado poco antes de las 9,00 horas de este viernes a los juzgados de la Plaza de Avilés, acompañada de su abogado. El interrogatorio, que había sido aplazado en tres ocasiones, se inició sobre las 9,40 horas, para concluir unos 40 minutos después, sobre las 10,20 horas.

Lara Méndez, al igual que aseguró a los periodistas antes de prestar declaración, ha manifestado que salía "tranquila" de una cuestión que tiene claro que se debería de dirimir por "vía administrativa" y no por la "penal". Después de tres aplazamientos, uno de ellos por la huelga de funcionarios de principios de año, este viernes se cierra esta fase de la investigación, donde también se va a interrogar a la funcionaria A.S..

Méndez está siendo investigada, al igual que su antecesor Xosé López Orozco, que ya fue interrogado por lo mismo hace más de un mes, por un supuesto delito de malversación, en relación con una denuncia presentada por el sindicato CSIF en la ejecución de una sentencia en materia de personal.

La denuncia se produjo por el retraso en el cese como letrada asesora del gobierno local de una funcionaria, también investigada, ya que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenaba este cese antes de mayo de 2016 y el gobierno local no lo hizo efectivo hasta julio de ese mismo año.

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