Inspección sanciona a Transportes Calviño (A Coruña) por vulnerar los derechos sindicales de sus trabajadores

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La empresa Transportes José María Calviño Bascoy, con sede en el ayuntamiento coruñés de Sigüeiro, ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por vulnerar los derechos sindicales del delegado de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Antonio Cebei, y del conjunto de los trabajadores de la compañía.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, Inspección ha explicado que Transportes Calviño ha vulnerado derechos fundamentales del trabajador, como el derecho al libre ejercicio de la acción sindical, a no ser discriminado una vez empleado por razón de su afiliación a un sindicato, así como el derecho al respeto de su dignidad y derecho a no sufrir represalias por el ejercicio de sus derechos y facultades.

"La conducta desplegada por la empresa en relación con Antonio Cebei fue pluriofensiva, pues las represalias por el ejercicio de su actividad sindical y representativa afectaron a sus condiciones de trabajo pero también a su función representativa, y por tanto, a los derechos de los demás trabajadores de la empresa", ha señalado Inspección.

Por su parte, la CIG ha asegurado en un comunicado que la compañía, que se dedica a la recogida y entrega de palés, podría estar obligada a pagar entre 25.001 y 100.005 euros, ya que los hechos constituyen una infracción tipificada y calificada como "muy grave".

Según la central sindical, el conflicto comenzó en julio de 2015, cuando Cebei fue escogido como representante de la CIG con los votos de todos sus compañeros. A partir de ahí, la CIG ha asegurado que comenzó "una persecución de la empresa que terminó con varios despidos, entre ellos el del propio delegado".

La central ha recordado que está pendiente la celebración del juicio por el despido de Cebei, en el que se reclama la nulidad y la reincorporación "inmediata" del delegado de la CIG.

Asimismo, el representante de la FGAMT-CIG de Santiago de Compostela, Inácio Pavón, ha añadido que la organización sindical estudia acudir a la Fiscalía como perjudicada directa por estas acciones represivas de la empresa.

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