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Marea de Vigo pide "responsabilidades políticas" por la condena a un funcionario "premiado" por el gobierno de Caballero

El grupo municipal Marea de Vigo ha exigido "responsabilidades políticas" al gobierno de Abel Caballero y "explicaciones" al concejal Santos Héctor Rodríguez, por la condena de cárcel impuesta a un alto funcionario implicado en el 'enchufe' de la cuñada de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y que, además, fue "premiado" por el gobierno vigués.

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El grupo municipal Marea de Vigo ha exigido "responsabilidades políticas" al gobierno de Abel Caballero y "explicaciones" al concejal Santos Héctor Rodríguez, por la condena de cárcel impuesta a un alto funcionario implicado en el 'enchufe' de la cuñada de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y que, además, fue "premiado" por el gobierno vigués.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del grupo, Rubén Pérez Correa, ha señalado que la condena a Francisco Javier G.O. (a cinco años de cárcel y otros 9 de inhabilitación) es "grave", y ha recordado que este funcionario fue uno de los primeros nombrados para jefatura de área por el sistema de libre designación, "nada más aterrizado Abel Caballero al gobierno en 2007".

Tras conocerse la sentencia condenatoria este martes, el portavoz de Marea ha señalado que debe abordarse en un pleno, "con tiempo suficiente", la "práctica habitual" del Gobierno de Abel Caballero de "colocar funcionarios del corte del concejal de turno" en puestos de responsabilidad.

Al margen de ese debate, Rubén Pérez ha advertido de que "tiene que haber responsabilidades políticas" del concejal Santos Héctor Rodríguez, "que permitió esa operación" y que "habilitó a ese funcionario para ese tipo de prácticas".

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a Francisco Javier G.O. a 5 años de prisión y 9 de inhabilitación por trazar un "plan" con el gerente de una concesionaria municipal (también condenado) para adjudicar la elaboración de encuestas a la empresa, con contratos que eran una "pantalla" para pagar un sueldo a una cuñada de Silva.

El Ayuntamiento pagó más de 108.000 euros por esas encuestas, que ni hizo ni esa trabajadora, ni la concesionaria ni el Ayuntamiento.

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