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El exalcalde de Sada se enfrenta a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa

El exalcalde de Sada y candidato por el PP de cara a las municipales, Ernesto Anido, se sentará a partir de este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder a una acusación de prevaricación administrativa por la que Fiscalía pide para él 9 años de inhabilitación.

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El exalcalde de Sada y candidato por el PP de cara a las municipales, Ernesto Anido, se sentará a partir de este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder a una acusación de prevaricación administrativa por la que Fiscalía pide para él 9 años de inhabilitación.

En concreto, el Ministerio Fiscal acusa a Ernesto Anido de haber amañado el proceso de contratación de 'coordinador xeral' del ayuntamiento para que lo ocupase M.B.V.L., que también figura como procesada en este caso.

Así, el fiscal considera que ambos "actuaron conjuntamente", con "grave daño para el buen funcionamiento de la Administración Pública", "pergeñando el modo de lograr la contratación administrativa de la acusada" en el Ayuntamiento de Sada y "diseñando un proyecto ad hoc, dirigido a crear el puesto de Coordinador Xeral del que, a priori, ambos decidieron que iba a ser adjudicataria" ella.

Para ello, detalla Fiscalía, se diseñó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del consistorio para incluir el puesto de Coordinador Xeral, "eliminando toda referencia a su carácter funcionarial", de forma que "el nombramiento pudiera recaer no solo entre funcionarios de carrera, condición que no reunía M.B.V., si no también entre personal laboral fijo de las Entidades Locales", que si tenía.

La mujer estuvo vinculada al Ayuntamiento de Sada desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 4 de septiembre del mismo año, un tiempo por el que percibió un salario de 14.248,79 euros líquidos.

Por ello, el fiscal considera al exalcalde de Sada autor de un delito de prevaricación administrativa, mientras califica a la otra procesada como cooperadora necesaria. Para ambos solicita nueve años de inhabilitación.

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