La Xunta presentará alegaciones consensuadas con empresas al estatuto electrointensivo, que "confirma el peor escenario"

Conde recrimina que la actuación del Gobierno "extiende el riesgo" a la planta de Alcoa en San Cibrao "y al conjunto de empresas" en Galicia

La Xunta presentará alegaciones "consensuadas" con las empresas al estatuto de consumidores electrointensivos presentado por el Gobierno central, con el que "se confirma el peor escenario".

A preguntas de la prensa este miércoles en A Coruña, Conde ha criticado la actuación del Gobierno que lleva a la industria gallega a una "situación límite", ya que "no solo se pone en riesgo la situación de la planta de Alcoa en A Coruña, sino que se extiende ese riesgo a la planta de Alcoa en San Cibrao y al conjunto de empresas electrointensivas".

Censura que el texto del Ejecutivo central está "lleno de incumplimientos" respecto a las propuestas realizadas por la Xunta y las compañías electrointensivas, dado que no se establece un marco "estable" y competitivo "en igualdad de condiciones" al resto de Europa.

De tal modo, sostiene que "necesita claramente de una revisión", de forma que la Xunta se va a "coordinar" con las empresas para "buscar un documento de consenso", al tiempo que pide que se impulsen otras medidas de carácter legislativo.

REBAJAS DE PEAJES Y FISCALIDAD
En este sentido, Francisco Conde considera "fundamental" que el Gobierno dé luz verde a un decreto para la reducción de peajes y fiscalidad, con mecanismos de compensación de dióxido de carbono. Señalan que son propuestas "perfectamente asumibles", "contrastadas" en otros países como Francia y Alemania.

Entre otras cuestiones, se queja de que no hay una "categorización" de empresas, dado que no se regula a las empresas hiperelectrointensivas, lo que "podría dar una solución a Alcoa y a Ferroatlántica".

Por todo ello, emplaza al Ministerio de Transición Ecológica a "tomar el liderazgo", a la vez que insta a la "voluntad política real del Gobierno" para dar "una solución real" a Alcoa y otras empresas. Y es que recrimina que su "inacción" pone "en riesgo 10.000 empleos" entre la industria siderúrgica y forestal, con cuestiones como el futuro de Ence.