La Xunta crea un censo de suelo empresarial que será obligatorio para entidades públicas y privadas

La Xunta creará un censo de suelo empresarial en el que las entidades públicas y privadas estarán obligadas a registrar los parques que impulsen para así contar con un registro "exhaustivo y actualizado" de la superficie disponible, según ha concretado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión de su gobierno.

Este jueves, el Consello de la Xunta ha dado luz verde a la tramitación del anteproyecto del decreto que regulará el Censo del suelo empresarial, lo que convertirá a Galicia "en una de las primeras" comunidades autonómas en contar con una herramienta de este tipo.

"Es necesario un censo del suelo empresarial en el que se recoja toda la información que necesita la gente que quiere emprender", ha señalado en rueda de prensa el mandatario autonómico, que ha añadido que será obligatorio para cualquier propietario de suelo industrial, sea público o privado, inscribir su parcela o parque en el censo de la Xunta.

Además, este 'padrón' de suelo empresarial también contará con "detalles individualizados" para cada parcela: precio, disponibilidad para alquiler o venta, con qué tipo de servicios cuenta o si puede destinarse a industria, oficinas o espacios comerciales, entre otros.

De este modo, la inscripción, que será gratuita, deberá hacerse de las parcelas ya existentes y de las que se encuentran en construcción o en proyecto. Para mantener la base de datos actualizada, los propietarios también tendrán la obligación de comunicar los cambios que se produzcan en las parcelas --precio, disponibilidad, etc-- con un plazo máximo de un mes.

Una vez entre en vigor el decreto, los tenedores de suelo empresarial dispondrán de un plazo máximo de tres meses para inscribir su parcela en el censo; mientras que en los casos de nuevas actuaciones, deberá solicitarse la inclusión en el registro en un período no superior a un mes desde la aprobación de un proyecto sectorial.

Así las cosas, la futura normativa contemplará sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros para los propietarios que incumplan la obligación de registrar sus parcelas empresariales.