Juzgan a un promotor acusado de apropiarse de los 30.000 euros que una pareja abonó para una vivienda

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La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará este martes, día 18 de junio, un juicio contra el administrador de una promotora que presuntamente se apropió de los 30.000 euros que le abonó un matrimonio para la construcción de una vivienda en la localidad pontevedresa de Marín.

La causa procede del Juzgado de Instrucción número 2 de Marín y, por los hechos que se le imputan, la Fiscalía pide cuatro años de prisión por un delito de falsificación en documento mercantil y apropiación indebida.

Asimismo, el Ministerio Fiscal también reclama el abono de una multa de hasta 3.240 euros y, en el caso de no ser pagada, la responsabilidad subsidiaria que proceda.

Según relata en su escrito el Ministerio Público, los hechos se remontan al mes de agosto de 2016, cuando el matrimonio resolvió el contrato de arrendamiento de obra subscrito con una empresa que administraba el acusado, que ya tenía antecedentes penales por insolvencia punible y defraudación tributaria no computables para los efectos de reincidencia.

NUEVO CONTRATO
Días después, firmaron un nuevo contrato para continuar con la ejecución de las obras de la referida vivienda con otra entidad, la cual también estaba administrada por acusado. En dicho contrato, el acusado se comprometió a entregar a los clientes un aval bancario para garantizar la cantidad de 30.000 euros que fuera anticipada por ellos en concepto de provisión de fondos y con el fin de garantizar la devolución del dinero en caso de incumplimiento del contrato.

De esta manera, el acusado les entregó a la pareja un documento elaborado por él mismo o por un tercero, en el cual simulaba un aval bancario supuestamente emitido por el Banco Pastor para responder de la devolución de la fianza. Sin embargo, tal documento "nunca había sido emitido" por la entidad.

Finalmente, la compañía solo ejecutó un muro de cierre de la vivienda y obras en la piscina por un importe de 3.536,28 euros, que fueron pagados por el matrimonio. "El acusado, con la intención de obtener un enriquecimiento injusto, no les devolvió los 30.000 euros que recibió como provisión de fondos, a pesar de no continuar con las obras de la vivienda", explica la Fiscalía.

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