Piden 3 años de prisión para el regente de un club de alterne por contratar de forma irregular a 28 mujeres

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La Fiscalía pide tres años de prisión para el administrador de un club de alterne de O Porriño (Pontevedra) por contratar de forma irregular a 28 mujeres que ejercían la prostitución en el local en 2014. Un caso que pasará a juicio el próximo miércoles, en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El gestor del Restaurante-Hotel en el que se produjeron los hechos, BD.M.S, actuaba "con la intención de perjudicar" a las empleadas, "de infringir la normativa laboral" y está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que se le piden tres años de prisión, inhabilitación especial para ejercer de administrador de industria o comercio durante tres años y una multa de 2.700 euros, 10 euros al día durante nueve meses.

La Fiscalía lo acusa de someter a las prostitutas a "respetar los horarios de apertura y cierre del local", usarlas para "incitar a los clientes al consumo de copas" y a las que les descontaba cinco euros por utilizar sábanas y entregarles preservativos.

En total, el local contaba con una plantilla de 41 trabajadores, de los que solo 13 estaban registrados en la Seguridad Social y las otras 28, que ejercían "funciones de alterne" y una era bailarina, estaban contratadas en "situación irregular".

Por todo esto, además de la pena, el encausado deberá pagar la indemnización que corresponde por las cuotas derivadas de la Seguridad Social. La Fiscalía ha afirmado que es mayor de edad y cuenta con antecedentes penales.

DELITO EN ORTIGUEIRA
Por otra parte, el mismo miércoles en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña se juzgará a un hombre por otro delito contra los derechos de los trabajadores.

En este caso, está acusado de contratar de forma ilegal a siete personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social para trabajar en su club de alterne en Ortigueira (A Coruña).

De las siete trabajadoras, seis eran prostitutas y uno camarero. Tres de las contratadas irregularmente son de nacionalidad keniana y dos brasileñas, que no tienen permiso para trabajar en España.

Todo ello constituye un delito contra los derechos de los trabajadores por el que piden dos años de prisión, inhabilitación durante el tiempo de la condena y una multa de 3.240 euros, 12 euros diarios durante nueve meses.

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