PSA deberá abonar 2 millones de euros al Ayuntamiento vigués por acogerse a un impuesto reducido que no le correspondía

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo ha considerado que PSA Peugeot Citroën se acogió en 2016 a una reducción del impuesto de actividades económicas reservado a sectores en crisis. Así, ha desestimado un recurso interpuesto por la fábrica, que deberá abonar al Consistorio la diferencia entre el importe reducido y el que le correspondía, 2,2 millones de euros.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a 2016, cuando la planta presentó una declaración del impuesto con variaciones respecto a años anteriores. En concreto, en relación a la tributación aplicó una regla de la instrucción del impuesto reservada a sectores en crisis "al entender que se hallaba comprendida dentro de su ámbito como sector".

Posteriormente, el Consistorio llevó a cabo procesos de verificación de datos de la situación de la empresa y aprobó "una propuesta de liquidación provisional (...) por importe de 2,2 millones de euros como diferencia entre los datos declarados y los comprobados". Por ese motivo, la empresa impugnó esa resolución mediante una reclamación que el Tribunal Económico-Administrativo Local desestimó en 2017.

El juez ha apuntado que esta empresa se acogió a la regla reservada para sectores en crisis "no constando en modo alguno que la mercantil se hallase amparada por la normativa para acogerse a ese beneficio fiscal". Por esta razón, ha considerado oportunos los trámites realizados por el Ayuntamiento para verificar la situación de la fábrica, así como que esta pretendió modificar los datos recogidos en el impuesto "de modo unilateral".

Asimismo, el magistrado ha señalado que la orden de 2009 por la que se convocaban ayudas relacionadas con el Plan de Competitividad del Sector Automoción y la orden dictada en 2011 para dar continuidad a la anterior no consideran al sector "en crisis".

Por estos motivos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo ha desestimado el recurso de PSA Peugeot Citroën en una sentencia contra la que cabe recurso de apelación.

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