La Xunta compromete 800 millones al año para impulso demográfico y ayudas para conciliar en las empresas

Plantea financiar la contratación de profesionales que se ocupen del servicio de conciliación en espacios habilitados en empresas privadas

La futura ley de impulso demográfico ha recibido este jueves luz verde del Gobierno autonómico, que ha asumido el 83% de las sugerencias del Consello Económico e Social (CES), lo que ha supuesto la incorporación de novedades, como la ampliación de los recursos públicos de conciliación para "todos" los periodos escolares no lectivos.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico, que trabaja para "adecuar" los horarios de las escuelas infantiles "a las necesidades" de los padres, también prevé "en las próximas semanas" activar una orden con ayudas para animar a las empresas privadas a implantar servicios de conciliación. En concreto, se plantea financiar la contratación de profesionales que se ocupen del servicio en un espacio que tendrán que habilitar las empresas.

Los detalles de la nueva norma, que será ahora remitida al Pazo do Hórreo para su tramitación parlamentaria, los han concretado al término de la reunión semanal del Ejecutivo el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Feijóo ha incidido en el carácter pionero de la ley en España y ha subrayado que "ordena y da coherencia" a las medidas de impulso demográfico adoptadas por el Gobierno autonómico. Asimismo, ha remarcado que concreta una inversión anual "entre todos los departamentos", con "impacto directo" en las políticas demográficas de la Xunta, de unos 800 millones de euros --ha citado medidas de los ámbitos docentes, sanitarios o de política social--.

"Es una ley de país, no de gobierno", ha enfatizado la conselleira, quien ha defendido que la Xunta parte de una base "adecuada" --el asesoramiento del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica-- para "evitar decepciones" y "expectativas irreales".

"NADIE TENDRÁ HIJOS PORQUE SU GOBIERNO SE LO PIDA"
No en vano, ha advertido que "nadie va a decidir tener hijos porque su Gobierno se lo pida" y ha remarcado que el objetivo no es "aumentar el número de nacimientos, que ojalá", sino apoyar a las familias que "libremente" elijan tener descendencia.

Al tiempo, tras subrayar el elevado número de alegaciones aceptadas tras la exposición pública y el dictamen del CES, tanto la conselleira como el presidente gallego han manifestado su deseo de que el "consenso" que ha acompañado a la norma en su diseño pueda reproducirse en la tramitación parlamentaria.

Feijóo ha recordado al fallecido expresidente Manuel Fraga y a quienes en su día producía "hilaridad" que se hablase de las políticas de natalidad tras reivindicar que la ley de impulso demográfico es "más necesaria que nunca".

No en vano, ha argumentado que "el primer problema estructural de Galicia es el declive demográfico acumulado en los últimos 40 años".

MEDIDAS
La conselleira, por su parte, ha repasado las medidas que "ordenará" este nuevo marco legal, en su mayoría ya avanzadas. Así, tras el periodo de exposición pública, ha subrayado que se decidió, por ejemplo, "avanzar" hacia la universalización de la educación infantil de entre 0 y 3 años. A partir del 1 de abril, las guarderías serán gratuitas a partir del segundo hijo.

También ha recordado la mejora de un año más de la 'Tarxeta Benvida' para las familias especialmente vulnerables, el impulso de un comité de ética de los servicios sociales de Galicia, o la apuesta por articular una Estrategia contra la soledad no deseada y profundizar en el programa de recuperación de viviendas vacías.

Tras el dictamen del CES se han incorporado otras novedades como el plazo de un año para elaborar la normativa que desarrolle y aplique los artículos de la ley; el reconocimiento de la "diversidad" como principio en materia de familia; así como apostar por los recursos de conciliación "en todos los periodos escolares no lectivos".

Del mismo modo, se ha comprometido flexibilidad horaria para los empleados públicos al cargo de familiares enfermos, mayores o con discapacidad; la coordinación de las políticas públicas con el sector social y la economía cicular; o la incorporación de la formación para los cuidados en el ámbito familiar al ámbito de la educación no formal.

La justicia como "uno de los servicios básicos a los que todo gallego debe tener derecho, independientemente de su lugar de residencia"; o la continuidad "durante el tiempo que sea preciso" de las ayudas familiares por nacimiento para hogares vulnerables mientras no perciban la Risga.