Los servicios jurídicos de la Xunta ultiman la forma "más adecuada" para "recuperar" el dinero que le adeuda el Estado

El Ejecutivo gallego censura el "enriquecimiento ilícito" del Gobierno con la "apropiación indebida" de fondos de las comunidades

Los servicios técnicos y jurídicos de la Xunta de Galicia ultiman "el medio más adecuado" para "garantizar la recuperación" del dinero que el Estado adeuda a Galicia "lo más pronto posible", según ha destacado este jueves el director xeral de Planificación e Orzamentos, Miguel Corgos.

"Podrá ser una nueva carta, un requerimiento administrativo, judicial o incluso enviarle a la ministra --en referencia a la de Hacienda, María Jesús Montoro-- el gaitero del moroso", ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos.

En respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Noa Presas, Miguel Corgos ha denunciado el "enriquecimiento ilícito" por parte del Gobierno central con los fondos de las comunidades autónomas y ha criticado que ni esta "apropiación indebida" le sirva al Ejecutivo de Pedro Sánchez para cumplir los "objetivos de estabilidad".

Todo ello después de que la parlamentaria del Bloque le preguntase por la estrategia que llevará a cabo la Xunta para reclamar la deuda al Estado y ha instado al Gobierno de Feijóo a "pasar de la queja y del sollozo" a la acción y acudir a los tribunales.

"Le pedimos un poco de seriedad y que se pongan las pilas", ha incidido Noa Presas en una intervención en la que ha abogado por aspirar a que Galicia tenga "más capacidad" y pueda "gestionar sus impuestos".

En su turno de réplica, Miguel Corgos ha subrayado que la actuación de la Administración autonómica es "coherente" y ha pasado hasta el momento por la propuesta de "soluciones" que hiciesen "posible el pago d las cantidades adeudadas" sin tener que recurrir a un "contencioso".

"DESLEALTAD INSTITUCIONAL SIN PRECEDENTES"
El director xeral ha sostenido que el conflicto existente no se debe "a un problema de relación económica de una parte del Estado con otra". "No es un defecto del sistema sino un abuso de poder del Gobierno de España que, en un ejercicio de deslealtad institucional sin precedentes, se está quedando con los recursos de las comunidades autonómicas y de las administraciones locales", ha subrayado.

Además, ha destacado que las reclamaciones del pago de los fondos fueron trasladadas tanto por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, "en persona" a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con todo, ha indicado que, a lo largo de 2019 y "a medida que la Administración General no tomaba ninguna medida", se remitieron "diferentes cartas" a través de las que se reclamó el pago de la deuda y se aportaban distintas "soluciones" para ello.

Después de los "estudios correspondientes", Corgos ha considerado que la Xunta estimó que la postura más adecuada es la "defensa activa de los intereses" de Galicia "sugiriendo posibles soluciones y reclamando el apoyo de otras administraciones afectadas" como la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Es el marco en el que debe resolverse este conflicto pero lleva sin convocarse desde el 22 de agosto de 2018", ha indicado.

DÉFICIT CONTABLE EN LAS CUENTAS
En su comparecencia, además, el director xeral ha reconocido que "en la medida en que los recursos presupuestados" por el Gobierno central "no son satisfechos" se produce un "déficit contable" en las cuentas autonómicas, una circunstancias que "no es nueva".

"La propia AIREF ya indicó que en un escenario de no compensación por parte de la Administración General del Estado es improbable el cumplimiento por parte de las comunidades autónomas", ha indicado.

Sin embargo, ha considerado que, pese a que este "déficit" al que da lugar la "inacción del Gobierno de Sánchez" es "coyuntural debido a una mala praxis" que "tiene como consecuencia el enriquecimiento ilícito por parte" del Estado, Galicia "será capaz de corregirlo".

"Por todo lo anterior, reclamamos al Gobierno de España que pague y lo haremos mediante todos los medios a nuestro alcance", ha incidido para criticar que el Gobierno central "confunda la relación institucional con la partidista".

"TENSIONES"
Previamente a la comparecencia de Miguel Corgos ha intervenido en la Cámara el director Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, David Cabañó, quien ha asegurado que la "situación anómala" que supone el "impago de los importes del sistema de financiación" está "afectando a la tesorería" de la comunidad autónoma.

"Estamos hablando, por una parte, del impago de la deuda que tiene hacienda con todas las comunidades autónomas por la liquidación del IVA y, por otra, del retraso en el pago de la actualización de las entregas a cuenta de 2019", ha censurado.

Cabañó ha advertido de que esta situación se "volverá a vivir en 2020". "Acabamos de conocer lo que tiene pensado hacer Hacienda, que es no pagar la deuda del IVA y el importe inicial de las entregas a cuenta de 2020, importes sin actualizar cuya autorización vuelve a depender de los presupuestos generales y volvemos a tener unas circunstancias similares a 2019", ha avisado.

CUENTAS BANCARIAS
El director Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos se ha pronunciado de este modo en respuesta a una pregunta sobre las cuentas bancarias de la Xunta formulada por la diputada del PP Jackeline Fernández, quien ha destacado que desde 2009 la Administración autonómica redujo "a la mitad" estas herramientas hasta contar con "265" en 2018.

Al respecto, Cabañó ha destacado que la Consellería de Facenda trabaja en la mejora de las cuentas en las que se depositan los fondos de tesorería de la comunidad autónoma en línea con las recomendaciones del Consello de Contas para lo que en diciembre de 2019 publicó una orden por la que se regula su gestión.

Entre otras cuestiones, según ha apuntado, esta regulación regula el procedimiento para la apertura de nuevas cuentas de forma que se "racionalice su número" y se "maximice la rentabilidad". Además, ha informado de que se crea un registro en el que se deben inscribir todas aquellas autorizadas para que puedan iniciar su funcionamiento.

"El Consello de Contas no detectó ni falta de control o tutela ni mala praxis en la gestión financiera, sino que reconoció avances en la racionalización de las cuentas", ha señalado Cabañó.