La nueva ley de ordenación del territorio avanza en su tramitación bajo críticas unánimes de la oposición

Los votos del PPdeG tumban las enmiendas de devolución presentadas por el resto de grupos, que dudan de la necesidad de la ley

La nueva Ley gallega de Ordenación del Territorio ha superado el primer trámite parlamentario tras ser rechazadas las enmiendas de devolución presentadas por todos los grupos de la oposición, que dudan de la necesidad de un texto pensado para "actualizar" la normativa vigente, que data del año 1995.

El debate de esta ley ha supuesto el inicio del pleno ordinario que acoge el Pazo do Hórreo desde la mañana de este martes. Allí, los votos del grupo mayoritario, el PPdeG, han bastado para que avance la tramitación de un nuevo marco normativo que ha sido defendido ante el hemiciclo por la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Durante su intervención, Vázquez ha desgranado las principales líneas de una ley que pretende dotar de un marca "más sencillo, actualizado, simple y eficiente" a la ordenación del territorio. Entre las novedades que introduce la ley están la ampliación a toda la comunidad de los planes sectoriales y la consideración del suelo como "un recurso natural no renovable".

Sin embargo, todos los grupos de la oposición -PSdeG, Común da Esquerda, BNG y mixto-- han cargado contra un texto normativo que creen orientado a "beneficiar a la iniciativa privada" y los "grandes lobbies" empresariales.

Así, la oposición ha cuestionado "el punto de partida" por el que la Xunta justifica la necesidad de una ley que "llega en el tiempo de descuento" de la legislatura. Además, consideran que la aprobación de un nuevo marco normativo para la ordenación territorio no es una "prioridad" en este momento porque la ley del año 1995 "no ha quedado obsoleta" dado que "no se ha desarrollado" por falta de "iniciativa" del Ejecutivo gallego.

ÁNGELES VÁZQUEZ
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez ha destacado que, a través de la nueva ley, el Gobierno gallego apuesta por una "simplificación administrativa", tanto del número de figuras como en el procedimiento de su tramitación.

Tras defender la necesidad de renovar una legislación vigente en Galicia desde hace un cuarto de siglo, la mandataria autonómica ha incidido en que, de manera similar a como se hizo en la Ley del suelo y con el ánimo de simplificar los procesos, se integra el procedimiento ambiental y la tramitación del instrumento de ordenación, evitando tener que acudir a diversas normas para identificar qué procedimiento resulta aplicable.

Así las cosas, con este nuevo marco normativo, los municipios dejarán de tener la obligación de actualizar sus respectivos planes y se hará cargo la Xunta de realizar esa labor. Asimismo, los planes sectoriales se amplía a toda la comunidad autónoma con el fin de lograr "una mejor ordenación de las actividades que se pueden implantar" con esta figura.

Todo ello, según ha explicado la titular de Medio Ambiente, para que la promoción de planes sectoriales quede limitado a la administración y no puedan ser puestos en marcha por la iniciativa privada porque "la planificación a nivel autonómico de este tipo de actividades solo tiene sentido si se realiza desde la perspectiva de la administración".CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN "Es una ley que nace con muy pocos argumentos", ha asegurado María Pierres (PSdeG), quien ha incidido en que el texto "está hecho 'ad hoc' para beneficiar las iniciativas privadas que el señor Feijóo cree por encima de los intereses patrimoniales o culturales de la tierra".

Según la parlamentaria socialista, los "instrumentos" que establece la ley de ordenación del territorio vigente desde 1995 a la actualidad "no fracasaron", sino que "simplemente no se impulsaron porque no había interés alguno".

También ha puesto el foco en el supuesto "beneficio" a las empresas el diputado de Común da Esquerda Antón Sánchez, para el que la ley de ordenación del territorio supone "el colofón a la legislatura de la destrucción del rural y el expolio del país".

Así, Sánchez cree que la Xunta "no quiere decir la verdad" sobre una nueva ley "que es un monumento a la falsedad absoluta, en la más pura tradición del PP y de este gobierno". Para el de Común da Esquerda, se trata de una normativa "innecesaria" e "injustificada" porque "las leyes no quedan atrás porque pasen los años, lo hacen si la realidad las deja obsoletas", algo que, a su juicio, no acontece con la norma del 95.

Por su parte, Luís Bará (BNG) ha asegurado que el nuevo texto "abre la puerta y pone en marcha una patente de corso para beneficio de los grupos empresariales", ya que traslada "a toda Galicia" el modelo del "pelotazo urbanístico de la ciudad deportiva del Celta en Mos".

Así, ha compartido con el resto de grupos que la ley del 95 no se ha cumplido porque "el PP sigue con la política del 'tu vete haciendo'" que ha provocado "el crecimiento caótico de las áreas urbanas y la desertización del medio rural".

Por último, Luís Villares (grupo mixto) ha advertido que la configuración de la nueva ley "aboca a la judicialización" de los procedimientos porque aportará mayor "inseguridad jurídica".

Por contra, el diputado del PPdeG Martín Fernández Prado ha acusado a los grupos de la oposición de "mentir" para "meter miedo a la gente" sobre una ley que será "más simple, útil, eficiente y práctica".