La Valedora do Pobo inicia una investigación oficio sobre la situación de las residencias de mayores

La institución recibe quejas por problemas de alquiler de estudiantes, brecha digital, EPIs, y acompañantes de enfermos, entre otras

La crisis sanitaria por el covid-19 ha propiciado, además de la situación de alerta en el ámbito de la salud, mayores problemas para los colectivos más vulnerables y para aquellos que no cuentan con lo que se conoce como 'caja de resistencia'. Estos inconvenientes han llegado a la sede del Valedor do Pobo, institución que se ha "volcado" en la tramitación de los expedientes vinculados con la pandemia, y que ha iniciado varias investigaciones de oficio, una de ellas vinculada con la situación de las residencias de mayores.

La institución comisionada del Parlamento sostiene que las personas mayores "sufren un mayor riesgo" por el covid-19, que las convierte en "personas especialmente vulnerables". Así, desde la declaración del estado de alarma, se han recibido "quejas" sobre la situación de algunas residencias de mayores, que han sido tramitadas y han originado una investigación de oficio por parte de la valedora, María Dolores Fernández Galiño, y su equipo para conocer en detalle "las actuaciones que se están llevando a cabo".

En lo que se refiere a las actuaciones y servicios que quedaron sometidos a las normas del Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo, por el que se ha declarado el estado de alarma, los problemas detectados en las residencias fueron elevados al Defensor del Pueblo, la institución que tiene la labor de velar por los ciudadanos en el ámbitoe statal.

Así, se le ha trasladado al Defensor del Pueblo la "necesidad" de "modificar" el real decreto para incluir "una regulación sobre la suspensión del régimen de visitas durante el estado de alarma". También le comunicó la "discriminación".

La situación de las residencias de mayores ha sido una de las cuestiones que ha centrado la actuación política en los últimos días en Galicia, ante el elevado número de contagios entre persona y residentes. En este sentido, BNG y Galicia en Común han reclamado la intervención pública de los centros de mayores, mientras que el PSdeG también ha exigido mayor información detallada y poner "todos los esfuerzos" para proteger al personal y a los residentes.

Por su parte, la Fiscalía Superior de Galicia ha sumado una denuncia presentada por el Defensor del Paciente a las diligencias preprocesales civiles abiertas en residencias de mayores en relación a los contagios de coronavirus, tal y como lo ha dictado este miércoles en un decreto en el que traslada la incorporación de esta denuncia a las diversas Fiscalías Provinciales y de Área, que son las encargadas de realizar el seguimiento exhaustivo de estos centros, tanto públicos como privados, durante esta crisis sanitaria.

PROBLEMAS QUE SE HAN ELEVADO
A la sede del Valedor do Pobo, han llegado, desde la declaración del estado de alarma, problemas que van desde el pago del alquiler de pisos de estudiantes y facturas de los recibos, hasta la situación en la que ha quedado el colectivo de personas dedicado a la venta ambulante. Pero también otros casos como el acompañamiento a enfermos oncológicos.

Según la información de la defensoría gallega a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha dado tramitación inmediata por su "urgencia y menor impacto procedimental".

Así, se actuó para que se atendiese al colectivo de sordos, por la ausencia de un servicio diario y las 24 horas de intérprete de lengua de signos para la atención sanitaria, carencias de accesibilidad para las personas en la información "necesaria" para lugar contra el coronavirus y la "dificultad para acceder a medios subsistencia" de las familias dedicadas a la venta ambulante.

También se gestionaron cuestiones relativas a los cortes eléctricos durante la vigencia del estado de alarma y la falta de suministro alimenticio o de primera necesidad para las personas que los recibían de las entidades sociales.

INVESTIGACIONES DE OFICIO
Así, se iniciaron varias investigaciones de oficio. Destacan las gestiones realizadas sobre la accesibilidad y atención de los Centros de Información a la Mujer durante el estado de alarma; las "dificultades" para solicitar ayudas por violencia de género dada la carencia de certificados digitales y la imposibilidad de acudir a los servicios de manera presencial; para mantener las prestaciones de inclusión social y acelerar las pendientes de resolución durante el estado de alarma.

Además, la defensoría gallega ha realizado actuaciones relacionadas a la situación de la vivienda ante la crisis sanitaria derivada del covid-19; así como por la situación en la que se ha quedado el marisqueo gallego.

También se ha interesado por el estado de tramitación de las ayudas a las entidades de defensa de los derechos de las personas con discapacidad; las medidas adoptadas por la recogida de residuos de pacientes en aislamiento domiciliario y la prórroga del tiempo de permanencia en una vivienda expropiada para la construcción de un parque público, al respecto de lo que se acordó la entrega de llaves cuando finalice el estado de alarma.

Algunas de las cuestiones más importantes, apunta el Valedor do Pobo, tanto relativas a investigaciones de oficio como quejas, ya tuvieron una respuesta "positiva" por parte de las administraciones competentes.

OTROS PROBLEMAS
Otras de las cuestiones que ha abordado la institución que preside Fernández Galiño acompañada de María Xosé Porteiro, ha sido la exclusión de ayudas a los autónomos en régimen de estimación por módulos, "la falta de medidas en relación con la persistencia de la obligación" de pagar alquileres en pisos de estudiantes que se desocuparon durante el estado de alarma --a diferencia de las medidas adoptadas en la red universitaria de residencias--, la falta de garantía de derechos digitales en zonas del rural gallega, con "insuficiente" cobertura de ancho de banda, que ocasiona problemas para continuar con la formación académica y las restricciones de movilidad en relación a los acompañantes de enfermos oncológicos que reciben tratamiento de quimioterapia.

Asimismo, las "inquietudes" relativas a la ausencia de equipos de protección y de pruebas rápidas de covid-19 fueron comunicadas a la defensora gallega "desde el momento inicial del estado de alarma". Estas quejas fueron tramitadas y se iniciaron investigaciones de oficio para abordar la cuestión relativa al personal sanitario, socio sanitario y de ayuda en el hogar.

En el caso concreto de denuncia de ausencia de equipos de protección individual en empresas privadas, se ha informado de la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo. La Valedora do Pobo se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo, toda vez que la normativa emanada del Estado establecía condiciones relativas al manejo de material.

Al margen de dar traslado al Defensor del Pueblo de estas cuestiones, junto con la situación de las residencias de mayores, también trasladó una queja sobre la "discriminación por las difernetes medidas adoptadas por el Gobierno para la protección de las personas con un ERTE y que son objeto de despidos definitivos".

En otros casos, también comunicó la situación de los empleados públicos en empresas públicas o sociedades estatales con particulares circunstancias con motivo de la pandemia, o las propuestas de sanción por "incumplimiento del confinamiento" cuando "concurrían circunstancias excepcionales, pero no previstas entre las actividades tras la limitación de la libertad de circulación".