Corporación municipal de Vigo insta a la Xunta a crear de un fondo de acción local de 300 millones de euros

Reclama al Gobierno gallego la transferencia de fondos procedentes del Gobierno para atender necesidades sociales derivadas de pandemia

La corporación municipal de Vigo ha instado a la Xunta a crear un fondo de acción local destinado a ayuntamientos y diputaciones de la comunidad por valor de 300 millones de euros en el plazo de un mes con el objetivo de dar apoyo a la inversión realizada por estas instituciones para afrontar la pandemia.

En un pleno celebrado este miércoles, que parte de los ediles han seguido de modo telemático, el Grupo Mixto, en el que se integra Marea de Vigo; y el edil del BNG, Xabier P. Igrexas; han apoyado esta moción del Grupo Municipal Socialista, mientras que el Grupo Municipal del Partido Popular se ha abstenido.

En concreto, el concejal socialista Carlos López Font ha insistido en la necesidad de que el Gobierno gallego "dé un paso adelante" con el objetivo de atender las necesidades derivadas de la pandemia.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo central ha anunciado transferencias a las comunidades autónomas para dar respuesta a esta situación y ha considerado "urgente" que la Xunta actúe del mismo modo con los ayuntamientos. Así, López Font ha planteado la articulación de un fondo de acción local cuyo presupuesto se reparta de acuerdo con criterios poblacionales.

Por su parte, la edila del Grupo Municipal Popular Patricia López ha recordado que la Xunta dispone de un fondo de cooperación local en virtud del que se han destinado a Vigo 721 millones de euros desde 2009 y ha destacado el refuerzo del servicio de ayuda en el hogar y las rentas de inclusión social de las que se han beneficiado ciudadanos de la urbe olívica.

Además, el portavoz del BNG ha remarcado que la Xunta debe apoyar a los ayuntamientos y asumir sus "compromisos", mientras el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez; ha incidido en la necesidad de que el Gobierno gallego asista a los ayuntamientos.

Pérez también ha apostado por que el gobierno local detraiga de las liquidaciones de las concesionarias los salarios de los trabajadores sometidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que estas compensaciones, relacionadas con la reducción de la facturación por la pandemia, se sometan a auditoría. A ese respecto, López Font ha comprometido la transparencia de los informes correspondientes.

OTRAS MOCIONES
En otro orden de cosas, la corporación municipal de Vigo ha dado luz verde a una moción del Grupo Municipal Socialista mediante la que se instaba a la Xunta a abonar al Ayuntamiento 2,7 millones de euros del fondo transferido por el Gobierno para cubrir gastos que atiendan necesidades sociales. Así, todos los ediles han apoyado esta moción, a excepción de los integrantes del Grupo Municipal del Partido Popular, que se han abstenido.

En esta línea, la concejala de Benestar Social, Yolanda Aguiar, ha enumerado las inversiones realizadas por el Ayuntamiento en materia social en el marco de la pandemia y ha insistido en la necesidad de que se transfieran fondos a los municipios dado que estos afrontan "en primera línea" las necesidades derivadas de esta situación.

Mientras la edila 'popular' Teresa Egerique ha destacado las inversiones realizadas en la ciudad en los últimos años por la Xunta, Rubén Pérez ha criticado la dilación en la tramitación de ayudas, como las adjudicadas a beneficiarios de becas de comedor, por parte del Gobierno gallego. En esa línea, Xabier P. Igrexas ha lamentado que la Administración autonómica "no haya sido capaz de transferir recursos" y haya creado un "tapón", que ha llamado a "desbloquear".

Asimismo, con el apoyo de los ediles de Marea de Vigo y las abstenciones de los socialistas y 'populares', se ha aprobado una moción del edil del BNG mediante la que se instaba a la Xunta a desarrollar un plan de reactivación económica a nivel autonómico. Así, se buscaba también que el Gobierno gallego y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) reclamasen la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como 'ley Montoro'.

También se ha aprobado una moción del Grupo Municipal Socialista para instar al Ejecutivo autonómico a no obstaculizar obras pendientes en la ciudad. Además, se ha dado luz verde a otra moción del Grupo Mixto por la que se instaba a cumplir compromisos de lucha contra el cambio climático aprobados en pleno y a adaptar a la urbe a las necesidades de movilidad sostenibilidad derivadas de la pandemia mediante la peatonalización de calles y la potenciación del uso del bicicletas.