La Xunta advierte de que suspenderá el marisqueo en la ría de O Burgo cuando el Estado adjudique el contrato de dragado

El Gobierno gallego niega que haya "fundamento legal" para paralizar la extracción durante la licitación de las obras

La Xunta advierte de que no suspenderá la actividad marisquera en la ría de O Burgo hasta que el Estado adjudique el contrato de dragado y subraya su "compromiso" de parar los planes de explotación de la zona cuando se considere "indispensable" que no haya actividad para "ejecutar los trabajos".

En una nota de prensa, el Gobierno gallego contesta así a la carta enviada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, para "desencallar" la situación el pasado día 30. En la misiva, la ministra pedía que el Gobierno gallego "acredite la inexistencia de autorizaciones vigentes" de pesca y marisqueo porque, decía, era "requisito imprescindible" para la licitación de las obras.

El Ejecutivo autonómico niega que haya "fundamento legal" para que la suspensión se dicte durante la licitación que, alerta, "puede prologarse durante varios meses" y critica, pues, que esta decisión pudiera "privar de su medio de vida" a los profesionales del mar "más tiempo del estrictamente necesario para ejecutar las obras".

En el comunicado, la Xunta afirma que la "ley de contratos del sector público" defiende que solo es "indispensable" que no haya actividad en los terrenos "para poder ejecutar los trabajos, una vez adjudicados". En el momento en que se firme el contrato, añade el Gobierno gallego, se ordenará "inmediatamente" el cese de la actividad.

TITULARIDAD TERRENOS
Fuentes del Gobierno gallego aseguran que el Estado "es el titular los terrenos afectados" por lo que, añaden, el ministerio ya tiene la "disponibilidad" de los mismos que exige la normativa de contratos. Así, consideran "injustificado" privar a los profesionales de marisqueo de la zona del desarrollo de su actividad y, por lo tanto, "de su medio de vida".

Por esta razón, la Administración gallega apunta a que la licitación del dragado del estuario "depende en exclusiva de la voluntad del Estado", aunque mantiene su "predisposición" para "colaborar" en lo que sea necesario para desarrollar una actuación que, dice, "acumula años de retraso".