Losada reivindica la apuesta del Gobierno con el turismo en Galicia a través de los planes de sostenibilidad

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha destacado la "decidida apuesta" por el turismo en Galicia por parte de Ministerio de Industria que, de acuerdo con comunidades autónomas y entidades locales, ha acordado este miércoles dedicar 58,8 millones de euros a 25 destinos turísticos de España, entre los que se encuentran Santiago de Compostela y la Ribeira Sacra.

El primero de los proyectos aprobados por el Ejecutivo se refiere al plan de descongestión turística de Santiago, que contará con una inversión de 3 millones de euros y tiene por objetivo la mejora de la gestión de los flujos turísticos de la ciudad y la descongestión de áreas, potenciando la descentralización.

El segundo de los proyectos se refiere a la Ribeira Sacra y supone un respaldo a la candidatura a Patrimonio Mundial. El plan está orientado a estructurar un conjunto de actuaciones que, enmarcadas en las líneas de la candidatura de Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, permitan garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social en el proceso de consolidación de Ribeira Sacra como destino turístico.

Uno de los principales objetivos del plan es la inclusión de la Ribiera Sacra en el Club de Producto Rutas del Vino de España. Además, también se pretende desarrollar, promocionar y comercializar nuevos productos turísticos sostenibles, diversificando la oferta del destino y generando nuevas oportunidades de empleo y riqueza.

La decisión se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Turismo, que ha presidido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, junto al secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y los consejeros autonómicos del ramo, que conjuntamente han acordado dedicar 58,8 millones de euros en 25 destinos turísticos con el doble objetivo de modernizar la oferta en destinos pioneros y activarla en comarcas de la España interior.

La inversión se canalizará a través de la firma de convenios suscritos entre el Gobierno, la comunidad autónoma correspondiente y las entidades locales beneficiarias, de tal manera que las tres partes participarán en la financiación de los proyectos a lo largo de tres años.