#Claves de la semana

La Xunta ofrece un convenio "voluntario" para elaborar las multas en "auxilio" de ayuntamientos sin capacidad

Las unidades tramitadoras de la Administración autonómica se encargarán de la redacción de documentos y los ayuntamientos de su revisión y firma

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Reunión de la Fegamp con el director xeral de Emerxencias e Interior y la directora xeral de Administración Local, Santiago Villanueva y Natalia Prieto, respectivamente

Las unidades tramitadoras de la Administración autonómica se encargarán de la redacción de documentos y los ayuntamientos de su revisión y firma

Representantes de la Xunta y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, han mantenido este martes un encuentro para abordar las discrepancias sobre la tramitación de las multas derivadas del incumplimiento de medidas de restricción por la crisis del coronavirus. En la reunión, el Gobierno gallego ofreció un convenio, de "adhesión voluntaria" para "auxiliar" con medios autonómicos a ayuntamientos en el ámbito "de sus competencias".

Fuentes de la federación municipal han confirmado a Europa Press que consideran positivo que la Xunta aporte medios, pero todavía tienen que estudiar "la letra pequeña" del convenio, toda vez que esta entidad consideraba que hacerse cargo de estas sanciones no le corresponde a las entidades locales.

La propuesta de la Xunta, según explica en un comunicado, radica en que personal empleado público de la Administración autonómica "se encargaría de llevar a cabo las actuaciones auxiliares y de colaboración material" a la hora de tramitar estos expedientes sancionadores "en el caso de los ayuntamientos que no tengan capacidad para ello", como ha venido diciendo el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda.

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, han sido los representantes de la Xunta que en la reunión de este martes han trasladado esta postura y han hecho llegar el borrador de convenio en este sentido. A este convenio los ayuntamientos se puede adherir de forma "voluntaria".

El objetivo, dice el Gobierno gallego, es "contribuir a agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa de muchos municipios", pero no llegará a todos los ayuntamientos.

ELABORACIÓN, GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN
El texto propuesto apunta que la Xunta se encargará de la "elaboración, gestión y notificación" de los distintos trámites de los procedimientos sancionadores derivados de la covid-19.

Así, el Gobierno gallego dispondrá de unidades tramitadoras base, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración material de los trámites "en auxilio técnico" de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que "se encargarán de la formalización de los actos de carácter jurídico".

Tanto las unidades tramitadoras como los ayuntamientos contará con una guía de tramitación, en la que se recogerán todas las actuaciones necesarias para que las unidades tramitadoras puedan completar los expedientes electrónicos de cada procedimiento, antes de remitirlos a los ayuntamientos para su archivo.

ACUERDOS DE INCOACIÓN
Entre los trámites, el personal de la Xunta podrá encargarse de redactar los acuerdos de incoación; realizar las notificaciones de estos acuerdos, con las que se aportarán las cartas de pago; y elaborar propuestas de resolución en los casos en los que no se procediese al pago o cuando haya alegaciones.

Todo este apoyo se realizará siempre bajo la supervisión del ayuntamiento --singularmente, del instructor--, que deberá encargar su formalización, como la firma de los acuerdos de incoación o de las propuestas de resolución.

En resumen, las unidades tramitadoras de la Xunta se encargarán de la redacción de documentos y los ayuntamientos de su revisión y firma.

COLABORACIÓN
El Gobierno gallego defiende su "apuesta por colaborar" con los ayuntamientos que lo precisen y se apoya en el informe encargado al Consello Consultivo, que avaló el informe jurídico de la asesoría autonómica acerca de que los ayuntamientos gestionen las multas que tengan que ver con sus competencias locales: industrias, actividades, servicios y transportes, edificios, lugares de vivienda y convivencia humana.

La Xunta recuerda que entrarían en estos supuestos el control y sanciones sobre incumplimientos de actividades prohibidas, normas de aforo, horarios de cierre y el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos o actividades. El informe también precisa que no es necesaria una nueva ordenanza para poder sancionar estos incumplimientos.

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