PP y BNG quieren que Sánchez hable del estado de alarma cada 15 días, Cs y Más País cada mes, y PSOE y ERC cada dos

La oposición ha planteado hasta tres alternativas para obligar a Pedro Sánchez a rendir cuentas periódicamente sobre la aplicación del nuevo estado de alarma decretado ante la segunda ola del coronavirus: el PP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) quieren que comparezca en el Congreso cada 15 días; Ciudadanos, Más País y Compromís abogan por que acuda a la Cámara mensualmente, y Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, que lo haga cada dos meses, el plazo más largo, que es precisamente el que acepta e PSOE.

El Ejecutivo plantea en el decreto que someterá este jueves a debate y votación del Congreso extender el estado de alarma durante seis meses, esto es, hasta el 9 mayo, si bien este miércoles Sánchez ha ofrecido revisar la vigencia de esta medida excepcional dentro de cuatro meses, el 9 de marzo, y que sea el Consejo Interterritorial de Salud el que tome una decisión al respecto en función de la evolución de la pandemia.

Sin embargo, en las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios, y que también se votarán en la sesión plenaria de este jueves, el PP plantea rebajar a ocho semanas la duración del estado de alarma, hasta justo antes de Navidad, mientras que Ciudadanos propone tres meses, la mitad que el Gobierno.

Los 'populares' también plantean que el jefe del Ejecutivo desfile por el Congreso cada quince días para informar de la aplicación del estado de alarma, al igual que el Bloque Nacionalista Galego, mientras que Ciudadanos, Más País y Compromís abogan por que lo haga cada mes, y Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, cada dos.

EN PRIMAVERA, ILLA CADA SEMANA Y SÁNCHEZ CADA DOS
De entrada, el PSOE ha aceptado la propuesta planteada por los independentistas catalanes, por lo que se prevé que Sánchez comparezca en el Congreso bimensualmente, hasta que concluya el estado de alarma, y que sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien lo haga mensualmente en la comisión parlamentaria del ramo.

En el primer estado de alarma, el ministro Illa acudía cada semana al Congreso y Sánchez cada quince días defendía la prórroga en el Pleno, ya que debía someterse la votación, un examen parlamentario que ahora el Gobierno quiere evitar a toca costa.

Además, los socialistas también han apoyado la idea de ERC de que sea la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la que formule al Gobierno una propuesta de levantamiento del estado de alarma transcurridos cuatro meses del estado de alarma, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.

JUNTS Y PDECAT PRESENTAN ENMIENDAS POR SEPARADO
Pese a que la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borràs, garantizó recientemente la "unidad" de Junts y PDeCAT en el Congreso, lo cierto es que para esta ocasión ambos partidos han registrado propuestas de resolución por separado al decreto del estado de alarma.

A principios de semana el PDeCAT avanzó que votaría a favor del nuevo estado de alarma, desmarcándose de Junts, que tachó de "decepcionante e insuficiente", y ahora sus cuatro diputados en el Congreso ha registrado sus propias enmiendas.

En concreto, reclaman acortar a cuatro meses la prórroga del estado de alarma, con el fin de evitar "cualquier posibilidad de electoralismo" en Cataluña, y que el presidente Sánchez comparezca cada dos meses en el Congreso para explicar la evolución de las medidas del decreto, más allá de las comparecencias del ministro Illa cada 15 días. De su lado, Junts quiere que el Congreso vote todas las prórrogas de la alarma y que sean, como mucho de dos meses.

En otras enmiendas piden mejoras fiscales para autónomos, la extensión de los ERTE o que el Gobierno catalán mande sobre la Policía y la Guardia Civil y coordine Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otras medidas.

El PNV, por su parte, ha presentado una enmienda para que enclaves como el Condado de Treviño, que está en territorio alavés pero pertenece a la provincia de Burgos, tenga que aplicar las restricciones que se aprueben para Álava, en la misma línea que la registrada en el anterior estado de alarma.

Por último, la CUP se centra en reclamar una tasa Covid para los patrimonios de más de un millón de euros, permitir el uso de instalaciones de la sanidad privadas durante el estado de alarma y promover medidas para garantizar los servicios y derechos básicos, mientras que Foro ha aprovechado sus enmiendas para cuestionar que el Gobierno deje en manos de las comunidades la autoridad del estado de alarma o que con esta medida el Ejecutivo pretenda restringir la movilidad nocturna o limitar las reuniones de mas de seis personas.