Sectoriales de la CEG advierten que los órganos directivos son "los únicos competentes" para convocar elecciones

Apelan a los estatutos de la patronal para afirmar que la junta de vicepresidentes no tiene potestad para hacerlo

Asociaciones sectoriales de la confederación de empresarios de Galicia (CEG) advierten que los órganos directivos de la organización (junta directiva y comité ejecutivo) son "los únicos competentes" para convocar elecciones, y la junta de vicepresidentes es "única y exclusivamente un órgano asesor".

Así se pronuncian algunas sectoriales según fuentes consultadas por Europa Press después de que la patronal gallega haya informado de un acuerdo "por mayoría" de esa junta de vicepresidentes para convocar elecciones el 15 de enero.

Dicha junta de vicepresidentes está conformada por los cuatro presidentes provinciales y es la que está al frente de la institución ante la vacante en la presidencia, con el coruñés Antonio Fontenla ejerciendo como portavoz y Pontevedra muy crítica con sus decisiones (de hecho el acuerdo para volver a celebrar elecciones no ha contado con el respaldo de los empresarios pontevedreses).

Las fuentes de las sectoriales consultadas por Europa Press apelan a los estatutos de la patronal para afirmar que la junta de vicepresidentes no es competente para convocar elecciones. Al respecto, este miércoles celebrarán una reunión para abordar el escenario en que se encuentra la CEG.

54 VOTOS TELEMÁTICOS
Y es que la institución afronta de nuevo un panorama de interinidad, sin nadie al timón, tras la dimisión, el jueves pasado, de su último presidente, José Manuel Díaz Barreiros, quien tan solo duró dos días, al rechazar que se pusiera en entredicho el proceso electoral por el que salió elegido (sin votación presencial y tras retirarse su rival cinco minutos antes de la asamblea). Este martes, el ourensano ha descartado volver a presentarse.

Tanto las sectoriales que pidieron el escrutinio de los votos telemáticos que habían ejercido 54 vocales de la patronal como la confederación de Pontevedra, que también reclamó esa información, aseguran que su intención con ello no era desencadenar la marcha de Díaz Barreiros, sino conocer unos datos en lo que enmarcan como una solicitud "democrática y legítima".