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El policía local de Vilagarcía acusado de cohecho niega haber cobrado dinero por no tramitar un positivo por alcoholemia

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha iniciado este lunes el juicio con jurado contra un policía local de Vilagarcía acusado de cohecho y que negó ante el tribunal haber cobrado dinero por no tramitar un positivo por alcoholemia.

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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha iniciado este lunes el juicio con jurado contra un policía local de Vilagarcía acusado de cohecho y que negó ante el tribunal haber cobrado dinero por no tramitar un positivo por alcoholemia.

"Rotundamente falso", declaró Marcial D.F., que defendió su inocencia y aseguró que "en absoluto" es autor de los hechos que le imputan y por los que la Fiscalía pide que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación.

El acusado explicó que ese día estaba de guardia con un compañero cuando les llamaron para hacer una prueba de alcoholemia y luego llevaron al conductor a las dependencias policiales para repetírsela.

Esta causa tiene su origen en una investigación de la Policía Nacional por presuntas irregularidades en la Policía Local de Vilagarcía tras detectarse fallos en la guardia y custodia de los documentos.

El atestado de esa prueba aparece firmado por el acusado pero sostuvo que no lo redactó ni tramitó, explicando que siempre habla y escribe en gallego mientras que ese documento está redactado en castellano.

El abogado del procesado indicó que en toda aquella investigación se encontraron cuatro atestados que se tramitaron y que nunca llegaron al juzgado, uno de ellos el firmado por el acusado.

En el registro realizado en la taquilla de su cliente y en la carpeta que él tenía en el ordenador de la Comisaría no apareció nada sospechoso.

El acusado apuntó que los atestados se guardaban en una carpeta a la que tenían acceso todos los policías y el personal municipal y que, tras esta investigación, todo empezó a guardarse en una caja fuerte, pero no en 2013.

También fue después de estos hechos cuando se empezó a citar directamente para juicio a los conductores que daban tasas de alcohol constitutivas de delito, pero cuando ocurrieron estos hechos no se procedía así.

La Fiscalía sostiene que en la madrugada del 12 de septiembre de 2013 el agente acusado hizo con otro compañero una prueba de alcoholemia a un conductor que dio resultado positivo y, diez días después, se personó en su casa y se ofreció a no tramitar el expediente por el delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas a cambio del pago de 5.000 euros.

Finalmente, le pagó, pero una cantidad inferior, 2.000 euros, y poco después denunció en la Comisaría.

Durante la vista oral el hombre que supuestamente pagó este dinero aseguró no acordarse de estos hechos.

Este testigo principal en este caso justificó que en aquel momento estaba a tratamiento psiquiátrico y que a día de hoy continúa padeciendo una fuerte depresión para explicar que no recuerda con claridad los hechos, ni al acusado, ni tampoco que le parasen en un control o que alguna vez le hubiesen denunciado por la vía penal por conducir borracho. El juicio continuará este martes en la Audiencia de Pontevedra.

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