El PP aprueba en solitario la ley de acompañamiento de los presupuestos, cuyo "uso y abuso" censura la oposición

Los populares defienden que es una norma "útil", que sirve para "desatascar" y que permite adaptarse al contexto de la pandemia

La ley de medidas fiscales y administrativas ha recibido este martes la aprobación definitiva en el Parlamento con los únicos votos a favor de la mayoría absoluta del PPdeG y entre duras críticas de la oposición --PSdeG y BNG--, que ha censurado el "uso y abuso" de esta técnica legislativa, un "cajón de sastre" para modificar normas, a su juicio, de un modo "escasamente democrático".

El dictamen de la ponencia que ha trabajado en este texto legislativo y que ya había superado el trámite de la Comisión ha salido adelante con la corrección añadida de un artículo para adecuar la numeración de sus puntos, un "error material omisivo" que impactaba en la redacción de un artículo de la ley de racionalización del sector público.

La portavoz del PPdeG en el debate, Paula Prado, pidió a PSdeG y BNG que avalasen esta corrección, a lo que han accedido. En todo caso, tanto Juan Carlos Francisco Rivera (PSdeG) como Olalla Rodil (BNG) han incidido en que este tipo de cuestiones evidencian las "improvisaciones" que acompañan a una técnica legislativa que el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo usa de forma recurrente todos los ejercicios.

El representante socialista en el debate ha incidido en el talante "escasamente democrático" de una norma a través de la que se modifican de golpe varias leyes --decenas a lo largo de los años-- y ha incidido en que, lejos de lo que argumentan los populares, las modificaciones no tienen "vocación de permanencia", sino que cada año "se cambian los mismos artículos de las mismas leyes una y otra vez".

"Sin ánimo" de ejercer "de Nostradamus", en el mismo sentido se ha pronunciado Olalla Rodil (BNG), quien ha augurado que habrá artículos de normas que se volverán a modificar en futuros ejercicios y ha cargado contra el "uso y abuso" que el PP hace de lo que consideran "un cajón de sastre". "Y, por si fuera poco, el PP vía enmienda ha modificado otra ley más, la de caza. No concordamos ni con el fondo ni con la forma de esta práctica habitual de la Xunta", ha aseverado.

Nacionalistas y socialistas también han reprobado "el rodillo" de los populares y que la norma incorpore pocas aportaciones de las planteadas por sus respectivos grupos durante la tramitación del texto. El foco lo han puesto en cuestiones como las relativas al empleo público o a la política fiscal del Ejecutivo gallego, que han criticado.

EL PP DEFIENDE EL TEXTO
Enfrente, Paula Prado (PPdeG) ha defendido una técnica legislativa que permite agilizar y "desatasca", lo que ha facilitado, por ejemplo, adaptar la normativa a un contexto marcado por la pandemia del coronavirus, mientras continúa en tramitación la reforma de la ley autonómica de salud.

"Es una ley útil", ha sentenciado la diputada popular, quien ha ejemplificado con que permite introducir "bonificaciones" para compensar a los sectores más afectados por la pandemia. Una de las que se introduce, precisamente, es aplicable al canon del agua y al coeficiente de vertido, que afecta a la hostelería y locales de ocio. Pero la oposición ha reprobado que también se introduzcan bonificaciones fiscales para "casinos y bingos".

Más allá, Prado ha reivindicado que "refuerza las medidas" de conciliación de los empleados públicos y ha defendido la política fiscal del PP. De hecho, ha recordado que en el último paso del dictamen antes de llegar a pleno (su debate de aprobación) en Comisión, se alcanzó un acuerdo a raíz de una enmienda del PSdeG para introducir deducciones por la compra de vivienda habitual para las víctimas de violencia machista.

En ello se ha basado para defender que el PPdeG no aplica "el rodillo" sino que atiende a las aportaciones que considera de utilidad, pero ha rechazado la "subida de impuestos", que ha identificado como parte "del ADN de la izquierda".

PLUS POR PRESTAR SERVICIOS SANITARIOS
Entre otras cuestiones que ya han ido trascendiendo durante la tramitación de la norma, da cobertura legal al compromiso de Feijóo de que haber trabajado durante la pandemia computaría en los procesos selectivos de determinadas categorías del ámbito sanitario, por ejemplo, aunque no se podrá aplicar en los procesos en marcha porque no se pueden modificar los baremos.

También permite alteraciones, en el orden de las pruebas, entre otras cuestiones, de los procesos selectivos, si lo exige una causa de "fuerza mayor" como una situación de emergencia sanitaria como la derivada de la covid-19.