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El TSXG ratifica la anulación del acuerdo adoptado en el Ayuntamiento de Ames (A Coruña) sobre la subida del IBI

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Ames, que dirige el socialista José Miñones, contra la sentencia que el pasado mes de septiembre dictaba la anulación del acuerdo adoptado en diciembre del año anterior sobre la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Ames, que dirige el socialista José Miñones, contra la sentencia que el pasado mes de septiembre dictaba la anulación del acuerdo adoptado en diciembre del año anterior sobre la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Así lo ratifica el fallo del TSXG, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago, que determinaba la nulidad de la convocatoria del pleno de Ames el 28 de diciembre de 2019, así como la nulidad del acuerdo que en su día permitió una modificación al alza del IBI urbano del municipio.

Además, el fallo del juzgado incidía en que los concejales populares sufrieron una vulneración de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la Constitución, que reconoce a la ciudadanía "el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

En este contexto, el PP de Ames ha vuelto a exigir "la dimisión inmediata" del regidor al entender que ha sido "condenado de facto" por el fallo del TSXG por "vulnerar derechos fundamentales y aprobar la ordenanza fiscal del IBI de forma ilegal".

"A pesar de las falsedades y calumnias vertidas por el alcalde, el Grupo Popular siempre veló por los intereses de los vecinos, tal y como la justicia ratifica por segunda vez consecutiva", sostienen los populares en un comunicado.

En el mismo, apuntan que el Consistorio tendrá que devolver la parte del IBI "cobrada de forma ilegal en el año 2020 y no podrá aplicar la subida en el año 2021". "La cantidad de ambas anualidades puede rondar 1,6 millones de euros", apuntan.

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