Negocian un acuerdo con penas mínimas para los seis dirigentes de una asociación cannábica de Pontevedra

Los abogados de los acusados de dirigir una asociación empleada, supuestamente, para traficar con cannabis, estudian la propuesta de acuerdo formulada por el fiscal antidroga de la Audiencia de Pontevedra, Pablo Varela, en la que se rebaja sustancialmente su petición de penas para los seis implicados.

El juicio estaba señalado para este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, pero la vista no ha llegado a celebrarse ya que las partes optaron por negociar un acuerdo de conformidad.

Inicialmente la Fiscalía solicitaba cuatro años y tres meses de cárcel para estos seis acusados por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita, pero la propuesta que tienen ahora los letrados de la defensa reduce la petición a unos tres meses de prisión para cada uno.

De este modo, se sigue el ejemplo de otro caso también juzgado en esta Audiencia provincial: la condena a los fundadores del club de cannabis 'Casa María'.

En esta ocasión, según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, la entidad figuraba inscrita en el registro de asociaciones de la Xunta y estaba dirigida a integrar a personas consumidoras de marihuana y a todas aquellas que apoyasen la normalización de esta sustancia.

Los seis encausados figuraban como presidente, secretario, tesorero y vocales, respectivamente.

A raíz de una investigación realizada por el Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra, se constató que estos individuos, entre octubre de 2017 y julio de 2018, se sirvieron de la entidad para el "acopio y comercialización de estupefacientes, en concreto, cannabis y hachís".

En concreto, su actividad se centraba -subraya la Fiscalía- en la distribución de estupefacientes, sin que constase el modo exacto en que se proveían de la sustancia que luego vendían.

REGISTROS
Todo comenzó a raíz de la identificación de varios individuos que salían con bolsitas que contenían marihuana del local de la asociación, situada en Pontevedra.

Además, el escrito señala que, a pesar de lo que figuraba en los estatutos de la asociación, no constaba que se realizase un cultivo de cannabis para autoconsumo privado y exclusivo de sus socios, sino que se destinaba a la comercialización.

Asimismo, en ocasiones a los compradores de las sustancias se les hacían figurar como socios de la entidad, a la que abonaban las cuotas dinerarias correspondientes.

No obstante, no se establecía ninguna medida de control sobre el destino de la droga entregada ni sobre quién la consumía, explica la Fiscalía.

Así, las vigilancias desarrolladas por los policías permitieron constatar la afluencia de una "generalidad indeterminada de personas" en el establecimiento.

Finalmente, en julio de 2018, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del interior del local, donde los agentes identificaron a varias personas y se incautaron de numerosos efectos, entre ellos diversas cantidades de marihuana, material informático, facturas y documentación contable de la asociación.