Critican las condiciones del decreto estatal de ayudas directas para afrontar la covid y las de los créditos ICO

Autónomos advierten de que la situación es "agónica" y gestores administrativos coinciden en que las pymes están pasando "un calvario"

La Federación de Autónomos de Galicia critica las condiciones del decreto estatal de ayudas directas para que los negocios hagan frente a la crisis de la covid, mientras que los gestores administrativos advierten de que el 23% de las pymes que cuentan con un crédito ICO no podrán acogerse a las ampliaciones de carencia y amortización por encontrarse en mora.

Por un lado, los autónomos avisan de que la situación es "agónica, la recuperación es un espejismo y la lentitud del gobierno es poner en marcha los mecanismos de ayuda prometidos a través de los planes europeos es del todo intolerable".

"Si no queremos asistir a un desplome de actividades sin precedentes en los próximos meses, será necesario inyectar a todos los sectores, no solo a los 95 inicialmente seleccionados, las ayudas aprobadas en el Real Decreto Ley que se supone que pone en circulación 7.000 millones de euros del Plan de Rescate a través de fondos europeos", llama la atención.

En otro caso, calcula que más de 100.000 autónomos y sus empleados y familiares "tendrán que cerrar sus negocios definitivamente". "No se trata de un problema de viabilidad de las actividades, ni siquiera de solvencia empresarial, se trata de una disminución de facturación provocada por una orden de paralización de actividades dictada por la autoridad, que ahora tiene la obligación de hacer todo lo posible para mantener y recuperar esas actividades", subraya.

Después de un año de pandemia, dos estados de alarma y sucesivas prohibiciones y restricciones de actividad y movilidad, el resultado, recalcan, "es pavoroso".

Por eso claman ya por las ayudas, la exoneración de cuotas sociales, la condonación de impuestos durante el período de alarma, así como la prórroga de los ERTE y la prestación por cese de actividad de los autónomos hasta final de 2021.

"Si no llegan esas ayudas, estamos abocados a que la mitad de los ERTE se conviertan en eres, y la mitad de los autónomos que ahora sufren las restricciones y paralizaciones de actividad, no volverán a abrir", concluye este colectivo.

UNA DE CADA CINCO PYMES NECESITA AYUDAS DIRECTAS
Por su parte, según un barómetro de gestores administrativos, el 23% de las pymes que cuentan con un crédito ICO no podrán acogerse a las medidas de ampliación de la carencia y/o de la amortización que aprobó el Gobierno el pasado mes de noviembre debido a que tienen impagos con más de 90 días frente a entidades financieras.

Una de las condiciones para poder ampliar los plazos de carencia y amortización de los ICO-Covid es no estar en mora. "Es increíble que no sean conscientes de que las pymes están sufriendo un calvario, les falta liquidez y, en consecuencia, no pueden hacer frente a sus compromisos financieros. Por ello, precisan ayuda. Las que están al día necesitan las ayudas, las que no, las necesitan con más razón", ha defendido Santiago.

Además, los datos del barómetro revelan que el 21% de las pymes precisan acogerse a las ayudas directas aprobadas recientemente por valor de 7.000 millones de euros. Sin embargo, denuncian los gestores, el 43% de estas empresas no podrán acceder a estas ayudas por no estar al día en sus pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, requisito para poder cobrarlas.

"Mires por donde mires, sólo se observa una total falta de empatía y de conocimiento de cómo funciona nuestro tejido productivo ¿Es que no logran entender nuestros dirigentes los graves problemas financieros que la crisis sanitaria está originando a los negocios? Y cuando eso ocurre, lo primero en dejar de pagar son las deudas con Hacienda y la Seguridad Social y luego los préstamos, porque se busca mantener la actividad y pagar a los empleados, si es que hay algo de liquidez", ha apuntado Santiago.

Sobre la renuncia a las herencias provenientes de fallecimientos por Covid en estos meses, los gestores señalan que sólo se han renunciado al 0,3% del total de las que se han tramitado.

"Esto puede ser consecuencia de la cantidad de herencias que se puedan estar aceptando a beneficio de inventario, también puede ser consecuencia de que se haya solicitado prórroga para su liquidación y no se haya terminado de completar el trámite o, sencillamente, que finalmente no se renuncie aun cuando falte liquidez y se esté pidiendo ayuda a familiares, amigos o entidades financieras", expone Santiago.

REGISTRO SALARIAL
Sólo un tercio de las pymes conoce su obligación de tener un registro salarial desglosado por sexos y apenas el 23% está preparada para aportar la información requerida en el mismo, según el último barómetro de estos gestores, realizado entre los días 9 y 13 de abril.

Todas las empresas están obligadas desde el pasado miércoles, 14 de abril, a tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

La norma sobre igualdad salarial se aprobó en octubre del año pasado para su entrada el 14 de abril. Tiene por objetivo impulsar la transparencia salarial en las empresas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor. Se trata, en definitiva, de combatir la llamada brecha salarial de género.

El registro salarial al que obliga la norma debe incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo, entre otros datos. Pero, según los gestores administrativos, apenas una de cada cinco pymes podría aportar ahora la información que se exige en el registro.

"No parece de recibo que algo de tanta importancia no haya sido objeto de una potente campaña de información por parte del Ministerio correspondiente", ha denunciado el presidente del Colegio de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, que se ha quejado de que cada vez es mayor la burocracia a la que están obligados los negocios para poder operar.