La CIG insta a la Xunta a garantizar "la equidad" de la población en el plan de recuperación de la actividad asistencial
La CIG ha demandado a la Xunta que garantice "la equidad" de la población en el plan de recuperación de la actividad asistencial en el Sergas que fue avanzado el jueves por el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y que está pendiente de ser presentado en su totalidad.
En un comunicado, la central nacionalista insta a la Administración autonómica a concretar a qué serán destinados los 15 millones que forman parte de un plan con el que la Xunta pretende recuperar 230.000 pruebas, consultas e intervenciones que fueron suspendidas durante la segunda ola de la pandemia.
"Es esencial saber si el dinero destinado a afrontar este plan irá dirigido a recuperar y reforzar la sanidad pública o se destinará a beneficiar a la sanidad privada", ha señalado la secretaria nacional de CIG-Salud, María Xosé Abuín, que asevera que la ley de garantías "equiparó" la prestación sanitaria privada y pública en Galicia.
Otro de los aspectos que la CIG quiere que la Xunta aclare es cómo se va a articular la idea de "hospital único" que forma parte del plan y que, por el cual, un paciente puede ser llamado a ser intervenido o sometido a una prueba en un centro de un área sanitaria distinta a la que le corresponde por residencia.
En este sentido, la central nacionalista asegura que la "pérdida de prestaciones" durante la pandemia "afectó principalmente" a las zonas más aisladas de la Comunidad gallega, donde, además, viven las personas "de más edad".
Por este motivo, cree la posibilidad de ser llamados a un centro fuera de su área si no están disponibles los de su distrito puede suponer una nueva penalización para los habitantes de estas zonas.
"Esto lo tiene que aclarar, porque los enfermos tienen que saber cómo se va a facilitar ese posible traslado para garantizar su acceso a la prestación sanitaria", ha incidido María Xosé Abuín, que recuerda la existencia de una resolución del Valedor do Pobo que motivó un cambio en la Ley de Garantías para "evitar la discriminación" con las personas que rechazaban ser atendidas en un centro fuera de su entorno.
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