El juzgado anula parte de los presupuestos del Ayuntamiento de Ourense del pasado año

El fallo tumba el capítulo I, corresponde al gasto de personal, debido "a la falta de negociación con las organizaciones sindicales"

El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Ourense ha anulado parcialmente los presupuestos del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio de 2020.

El fallo da la razón al recurso interpuesto por la CIG y ha anulado el capítulo 1 de las cuentas, que se corresponde con el gasto de personal, debido "a la falta de negociación con las organizaciones sindicales".

El juez ha estimado que "por más que se escuchaban las partes y la reunión se extendió por más de dos horas y media, no hubo negociación", y además subraya que sí se introdujeron "modificaciones sustanciales en la relación de puestos de trabajo" vulnerando así el derecho de negociación.

Por todo ello ha condenado al Ayuntamiento de Ourense a convocar, en un plazo de 20 días, una Mesa General de Negociación y ha ordenado anular todos los actos de materia de personal que se hayan aplicado a partir del 2020 sin negociación con la parte sindical.

La modificación de la relación de puestos de trabajo ya había sido manifestada por el interventor en el informe previo a la aprobación de los presupuestos, que advirtió de "variaciones que podrían ser causa de nulidad" por incumplir la ley de Estatuto Básico de empleado público. En su momento el gobierno local siguió el informe de la Asesoría Jurídica, que fue favorable.

Ahora, el Ayuntamiento de Ourense estudia la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

"REPONER LA LEGALIDAD"
Desde la CIG han aseverado que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, está obligado a convocar la mesa de negociación para "reponer la legalidad que él mismo incumplió" y aseguran que la respuesta por parte de la central sindical será "proporcional al sentidiño" que imprima el regidor.

Además, censuran que la Mesa General de Negociación, que se celebró el 27 de noviembre de 2019, constaba de 8 puntos "todos incluidos en el Catálogo de materias negociables en base al artículo 37 del EBEP" y el grupo de gobierno "impidió el debate vulnerando el derecho a la negociación colectiva".

"Estamos delante de un modo de gobernar que refleja un menosprecio absoluto por valores como la pluralidad y el diálogo", acusan desde la CIG.

El BNG pide "responsabilidades" al PP y a DO y ha adverido de que la sentencia le ha dado la razón a los sindicatos, "pero también a los grupos que en su día advirtieron la ilegalidad de los presupuestos".

Para el portavoz municipal, Luis Seara, "PP y DO decidieron tirar para adelante y sacar unos presupuestos aún con absoluta conciencia de la ilegalidad" dejando ahora "una situación que empantana aún más una caótica ciudad".

Además, ha avanzado que solicitarán informes jurídicos para aclarar cómo afecta la sentencia a la modificación de crédito de 62 millones de euros propuesta por Jácome y llevada a una cuestión de confianza.

Asimismo, el portavoz nacionalista ha hecho hincapié en que el propio regidor municipal, durante el último pleno, "agradeció públicamente a la concejala Ana Morenza --en el momento concejala de Hacienda-- por el trabajo realizado y por la aprobación de un magnífico presupuesto".

"A la vista de los hechos, ¿seguirá dándole las gracias o le pedirá que deje su acta de concejala?", ha cuestionado Seara.