Feijóo cifra en al menos 2.000 los interinos de la Xunta que podrán tener plaza fija sin opositar

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El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, preside el Consello.

El presidente de la Xunta alerta de la "enorme inseguridad jurídica" que genera el decreto: "Espero que no acabe en un pleito"

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha concretado este jueves que en la Xunta hay unos 2.000 interinos que están en esta situación administrativa desde hace más de diez años y que, de acuerdo con el real decreto impulsado por el Gobierno, podrán acceder a una plaza fija sin opositar.

En todo caso, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo ha advertido de la "enorme inestabilidad e inseguridad jurídica" a la que, bajo su punto de vista, da pie el decreto. Y ha puntualizado que es preciso saber si, al margen de los propios empleados públicos interinos de la Xunta, habría que sumar los del ámbito educativo y los del sector sanitario, por ejemplo.

"Hay una situación de enorme inestabilidad jurídica en torno a este asunto porque el real decreto se ha convalidado, pero con el objetivo de que sea distinto", ha subrayado, antes de añadir que resulta "todo muy sorprendente" y de censurar que se esté "frivolizando" con el empleo en la función pública.

"De forma muy especial con el de las personas que están en situación de interinidad", ha reconocido, pero ha añadido que también afecta a los funcionarios con plaza que pueden ver condicionados sus traslados, a los opositores que preparan procesos selectivos y, de forma genérica, a los servicios públicos.

"ESPERO QUE ESTO NO ACABE EN UN PLEITO"
Así las cosas, Feijóo, "muy interesado" en ver "cómo acaba este asunto", ha apelado a buscar la mejor solución para "garantizar la estabilidad" en el empleo público "respetando la Constitución para no llenar esto de recursos, contra recursos y paralizaciones" de procesos selectivos.

"Esperemos que esto no acabe en un pleito", ha manifestado, para concluir que sería "bastante frustrante" que tras haber buscado "soluciones aparentes" la normativa acabe recurrida en el Tribunal Constitucional (TC).

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