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Gobierno y CC.AA. realizarán 37 campañas nacionales de inspección y control de mercado el próximo año

El Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas han acordado la realización de 37 campañas nacionales de inspección y control de mercado el próximo año con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras.

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El Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas han acordado la realización de 37 campañas nacionales de inspección y control de mercado el próximo año con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras.

Así lo ha anunciado este lunes el departamento que dirige Alberto Garzón, que ha detallado que la participación media será de seis comunidades autónomas en cada campaña.

En este sentido, ha apuntado que estos procedimientos recaen sobre diferentes bienes o servicios que se ofrecen en el mercado y que son escogidos para su control específico.

"Ministerio y comunidades autónomas buscan así asegurar que los productos puestos a disposición de los consumidores cumplan los requisitos establecidos para garantizar el acceso a la información adecuada, la calidad, su salud y seguridad", ha asegurado.

Respecto a las actuaciones, ha concretado que incluyen desde la inspección de la información de los productos ecológicos hasta la vigilancia del etiquetado de eficiencia energética de electrodomésticos o el control de los teléfonos gratuitos de atención al cliente en las empresas obligadas.

La información presente en el etiquetado de pescado sin envasar de venta en pescadería, los productos destinados a vegetarianos o veganos, los panes con masa madre o la venta de alimentos 'online' son algunos de los productos alimenticios que serán especialmente vigilados.

El pasado 16 de julio entró en vigor en su totalidad el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2019/1020 relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de productos. El objetivo de la norma es reforzar los mecanismos de control mediante la colaboración público-privada entre las autoridades de vigilancia del mercado y los operadores económicos de los países de la Unión Europea.

Esta nueva norma garantiza que solamente se comercialicen en el espacio europeo productos que cumplan los requisitos que proporcionan un nivel elevado de protección de la salud, la seguridad, el medioambiente y los derechos generales de los consumidores.

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