La CIG se moviliza en las ciudades gallegas para exigir mejoras en salarios y pensiones

La Confederación Intersindical Galega (CIG) se ha movilizado este miércoles en varios puntos de Galicia para exigir la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, en la víspera del debate y aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva ley en este ámbito.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, que ha participado en la manifestación de A Coruña, ha denunciado que ni los Presupuestos Generales del Estado ni los de la Xunta "contienen ninguna de las medidas necesarias para afrontar esta profunda crisis", en referencia a la situación de los trabajadores tras la pandemia.

Carril ha criticado que los Gobiernos de España y Galicia tengan "como única preocupación satisfacer las medidas de la UE para acceder a los fondos europeos". También ha asegurado que la nueva ley de pensiones contempla "nuevos recortes" que "prolongan la vida laboral".

En concreto, ha señalado que la reforma que se debatirá este jueves "mantiene el período de cálculo a los 25 años pero con la amenaza de ampliarlo a los 35" y ha asegurado que "no garantiza el cumplimiento" de la Carta Social Europea, que plantea que las pensiones mínimas sean equivalentes al 60% del salario medio del Estado.

También, ha insistido en la necesidad de un aumento en los salarios "para poder garantizar el derecho a una vida digna" en un momento en el que los precios de la electricidad y el combustible han experimentado numerosas subidas y se ha encarecido el coste de alimentos y productos básicos.

El secretario de la CIG ha definido el diálogo social como "un gran enterrador de derechos" y ha reprochado a los Gobiernos gallego y español "la ausencia de un plan gallego de recuperación económica".

La central nacionalista ha asegurado en un comunicado que las reformas que se están aprobando están "consolidando la pérdida de derechos" y han calificado de "injustificable" por parte de PSOE y UP la "renuncia a cumplir" con el compromiso programático del Gobierno. Además, ha calificado el papel de UGT y CCOO en este asunto de "seguidista".