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Fiscalía pide 7 años de cárcel para el exalcalde Manuel Cabezas por el 'caso del 10%', que se juzga esta semana

La Audiencia provincial señala cinco días, del 17 al 21 de enero, para la celebración del juicio por prevaricación y malversación

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La Audiencia provincial señala cinco días, del 17 al 21 de enero, para la celebración del juicio por prevaricación y malversación

La Audiencia provincial de Ourense albergará desde este lunes 17 hasta el viernes 21 el juicio contra el que fuera alcalde de la localidad entre 1995 y 2007 bajo las siglas del PP, Manuel Cabezas, acusado de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco del conocido como 'caso del 10%'.

Junto a él también se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados Ricardo Campo, exedil de Urbanismo, a quien se le ha atribuyen los mismos delitos.

Tanto para el exregidor como para el exconcejal la Fiscalía pide una pena de siete años de cárcel, con inhabilitación absoluta para el ejercicio de empleo o cargo público durante 17 años.

Además, el Ministerio Fiscal concluye que los acusados deberán indemnizar en concepto de responsabilidad civil, al Ayuntamiento de Ourense, con la cantidad de 1,57 millones el exregidor y con 1,19 millones el exconcejal.

Y es que en el conocido como 'caso del 10%', que partió de una denuncia impulsada en 2014 por la socialista Áurea Soto, quien también tuvo las responsabilidades de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense, habrá que aclarar si Cabezas y el exconcejal incurrieron en ilegalidad al no exigir dicho porcentaje del suelo a promotores que entre 1997 y 2002 realizaron proyectos urbanísticos en la ciudad.

En total, en el escrito fiscal se calcula un perjuicio a las arcas públicas municipales de unos 1,65 millones de euros, al no exigir el 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico, obligatorio por ley, a un total de 15 proyectos.

"ENRIQUECIMIENTO INJUSTO"
Según el escrito del Ministerio Fiscal, en diciembre de 1994, el pleno municipal aprobó una propuesta que suponía "la no exigencia del 10% del aprovechamiento urbanístico municipal en los polígonos de suelo urbano no consolidado". En 1997 se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Ley del suelo y en el año 1998 la Ley sobre régimen del suelo que recogía expresamente el 10% del aprovechamiento.

"No obstante, (...) a sabiendas de la de la inaplicación del acuerdo aprobado en el pleno del 15 de diciembre de 1994, sin modificar el mismo siendo nulo de pleno derecho", señala la Fiscalía en relación a Manuel Cabezas y Ricardo, "aprovecharon los cargos públicos que ostentaban, guiados, ambos acusados, por un ánimo de enriquecimiento injusto, con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados".

Así pues, añade que, entre los años 1997 y 2002, aprobaron 15 proyectos de compensación, en suelo urbano no consolidado, "sin exigir la cesión del 10 por ciento", pese a ser "preceptiva". En el escrito fiscal se enumeran los 15 proyectos en los que no se exigió el 10 por ciento con cuantías que suman unos 1,65 millones de euros y que van desde los 21.022 euros hasta los casi 700.000 euros.

UN JUICIO MARCADO POR LOS RETRASOS
El juicio de Cabezas llega marcado por en el tiempo y los retrasos. De hecho, la defensa intentó en varias ocasiones ampliar los plazos del proceso, que ya es dilatado en el tiempo puesto que el juez instructor inicial tuvo que abstenerse por incompatibilidad con otro proceso, al haber sido denunciado por supuesta prevaricación por la investigación a Áurea Soto, cuya causa fue sobreseída.

Además, ligado con este proceso también acabó sancionado con diez meses de suspensión y 2.500 euros el fiscal inicial de la causa, Florentino Delgado, por retrasos en su tramitación. Este fiscal fue sancionado, posteriormente, con otros 18 meses de suspensión de empleo y sueldo por otro caso ajeno a este y que está vinculado al piso que le costeó la Xunta entre 2004 y 2016, un pleito que saldó asumiendo la deuda.

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