Administraciones muestran su disposición a colaborar para mejorar el saneamiento del río Támega

Augas de Galicia elaborará un estudio sobre posibles soluciones y la Confederación del Duero remitirá una propuesta de convenio

La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha confirmado la disposición de la Xunta de colaborar con la Mancomunidade de la comarca de Verín y con la Confederación Hidrográfica del Duero --dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica-- para mejorar el saneamiento del río Támega.

A pesar de que el río Támega pertenece a la Confederación Hidrográfica del Duero, será la Xunta, a través de Augas de Galicia, quien elaborará y financiará un estudio para encontrar las soluciones "más adecuadas" a los problemas de saneamiento en los municipios de Verín, Castrelo do Val y Monterrei.

Además, se busca agilizar "lo máximo posible" las tramitaciones, ya que el objetivo es que el Ministerio para Transición Ecológica destine fondos 'Next Generation'.

En paralelo al trabajo de Augas de Galicia, la Confederación del Duero remitirá una propuesta de convenio con la Xunta y la Mancomunidade para desarrollar juntos la redacción de los proyectos, su tramitación ambiental y la ejecución de las obras, con el objetivo de que se financien con los fondos europeos.

PROBLEMAS EN LA ZONA ALTA DEL RÍO
Vázquez ha anunciado esta colaboración de la Xunta en una reunión convocada por los alcaldes de los municipios afectados, puesto que ven la "necesidad" de resolver los problemas de saneamiento.

Dichos problemas se concentran en la zona alta del río Támega, los cuales afectan a los colectores de agua y producen "frecuentes infiltraciones".

La conselleira ha señalado que es necesario que la gestión de saneamiento, depuración y abastecimiento de agua se haga "adecuadamente", tanto por motivos de "salud pública y responsabilidad ambiental", como por las consecuencias económicas en el turismo o la pesca.

Asimismo, Ethel Vázquez ha recordado que la Xunta lleva "más de 10 años ayudando" a los ayuntamientos en la gestión del ciclo de agua, invirtiendo más de 1.100 millones de euros e impulsando una ley para favorecer a los municipios en la gestión de saneamiento y depuración.