La Unión Progresista de Fiscales manifiesta su disconformidad con los planes de la Fiscalía que demuestran un desconocimiento del trabajo diario

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La respuesta a los planes de la Fiscalía del Estado no se ha hecho esperar ante el malestar que ha causado la decisión en la carrera.


La penúltima “protesta” la protagonista la Unión Progresista de Fiscales que han hecho pública la carta que a continuación figura, da muestra del malestar generado


CARTA de la U.P.F. en relación con los recientes oficios remitidos por la F.G.E.



Con esta carta la Unión Progresista de Fiscales quiere poner de manifiesto el sentir de una parte importante de la plantilla de los fiscales de este país. No pretende ésta ser de lamento o de queja, sino que intenta trasladar a los órganos centrales de nuestra institución lo que aparenta ser para ellos lejano y ajeno.


Los planes de la Fiscalía General del Estado para el control de los procedimientos han causado un profundo malestar en la carrera, no solo en buena parte de la plantilla -sobre la que recae la mayor carga de trabajo-, sino también entre aquéllos que desde Fortuny denominan mandos intermedios y, cómo no, también en algunas jefaturas. Un importante número de compañeros manifiestan a quienes formamos parte de las asociaciones su honda decepción y su enojo.



La recepción el día de ayer de los oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo en relación con el plan de control de las causas en tramitación en los juzgados a los efectos del art. 324 LECrim ha precipitado una corriente de frustración y rechazo al programa de actuación que tales oficios recogen. La previsión de que sean revisadas semanalmente "al menos" 25 causas por juzgado revela el lamentable desconocimiento de la Fiscalía General de la organización del trabajo en las distintas Fiscalías por cuanto que -parece que así lo debemos recordar- los fiscales deberán seguir atendiendo sus servicios de guardias, señalamientos ante los juzgados de Instrucción, de lo Penal y Audiencia Provincial, vistas civiles y demás servicios presenciales -incrementados tras las últimas reformas legales- cuyo reparto, con la plantilla actual, deja escasos días al mes para el despacho ordinario de papel que, con mucha frecuencia, termina siendo tramitado por los compañeros fuera de las horas de audiencia.



Asimismo, parece que los firmantes de los oficios señalados desconocen la posibilidad de que los juzgados no se avengan a remitir la causa al fiscal para su examen en el mismo momento en que éste la solicite para cumplimentar unas exigencias de control meramente internas, y que lo anteriormente dicho sobre la generalización del despacho de asuntos fuera de horas de audiencia impide la revisión de las causas en las propias dependencias del juzgado, práctica ésta que -por otra parte- resulta absolutamente indeseable e incompatible con la dignidad de la función del fiscal.



Tenemos la sensación de que desde el palacio del Marqués de Fontalba -sede de la Fiscalía General del Estado- no se percibe la realidad diaria de la misma manera a como se hace en cada una de las sedes de la Fiscalía del resto de España. Parece también que desde hace tiempo se ha roto alguna conexión y no hay sensibilidad ni conocimiento de la auténtica carga de trabajo y sentir de los fiscales. Estoicamente hemos venido soportando un aumento de funciones y tenemos la percepción de que en todas las reformas legislativas el fiscal es el comodín del legislador para acudir presto a cuanta diligencia judicial fuera llamado.



La presencia física del fiscal para atender distintos servicios y la creciente demanda de su intervención ha modificado sustancialmente nuestro trabajo. Nuestra presencia mediática ha aumentado y las exigencias de responsabilidad también. Esto nos prestigia pero también nos exige. Por eso necesitamos parar. No se nos puede pedir cada vez más y pretender que sostengamos a la institución con nuestro esfuerzo personal y voluntarista.


S

in embargo, desde nuestros órganos centrales, lejos de comprender esta realidad o defender nuestros legítimos derechos, parece que se nos exigen cuentas y deberes. En lugar de crecer en nuestra autonomía como profesionales, se nos trata como escolares, implantando un sistema de peonadas que no confía en nosotros, que nos exige más allá de lo que serían nuestras obligaciones legales y cuyo sentido parece que no es otro que dar justificación al Ministerio de los más que exiguos medios de apoyo previstos en la "relación de necesidades" que se adjunta, por otro lado, absolutamente insuficientes para abordar las nuevas funciones que se nos encomiendan no sólo por la Ley 41/15, sino por la propia 


Fiscalía General. Creemos que nunca la carrera fiscal se ha tenido que someter a esta contabilidad obligatoria dirigida desde la Fiscalía General, lamentamos que se banalice nuestro trabajo estableciendo quincenas de cumplimiento o números más propios de un trabajo en cadena que de un servicio público.



La carrera, los fiscales, esta asociación, nos preguntamos qué más se puede hacer para convencer a la Fiscal General y a su equipo de que este colectivo es capaz de afrontar todos los retos y desafíos que se le encomienden, que lo hace día a día en los juzgados, luchando contra un procedimiento obsoleto, lleno de trampas, sacando adelante las causas pese a la precariedad de medios, enfrentándose a presiones de todo tipo, a los poderosos que se defienden con sofisticadas armas procesales y materiales. Pero que ese esfuerzo será inútil y no será eficaz para el ciudadano y para el estado de derecho si no se hace procurando los medios, poniendo las condiciones y dando soporte material y profesional a nuestro trabajo. 


No queremos ser los campeones de las estadísticas, ni cumplir objetivos de una cadena de montaje, queremos cumplir con nuestra misión constitucional con eficacia y dignidad.



No se puede dar la espalda a la carrera, ni a la propia institución, nos sentimos defraudados y traicionados por la complicidad de la Fiscal General con el Ministro de Justicia. La conclusión es que somos un barco sin rumbo y sin capitán, a la deriva de las decisiones de un Ministerio de Justicia que nos utiliza a coste cero para llevar a término una reforma que ya desde el informe del Consejo Fiscal del anteproyecto de ley era rechazada por la institución.



Como asociación es nuestra obligación transmitir a la Fiscal General y a sus colaboradores que estamos ante una situación crítica, indeseada por todos, y que la carrera fiscal necesita un liderazgo que apoye, entienda y asuma como propio el sentir de la plantilla, un liderazgo que lamentablemente echamos de menos y que nos ha colocado en esta delicada situación profesional.



Unión Progresista de Fiscales



Santiago de Compostela a 16 de diciembre de 2015


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