El ‘conseguidor’ de la Xunta, Pachi Lucas, investigado por tráfico de influencias

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Nuevo capítulo en la Operación ‘Zeta’ en Galicia. La investigación sobre la presunta trama de cursos de formación para beneficiarse de subvenciones públicas añade ahora a 25 nuevas personas. Entre ellas, una cara conocida entre el PP de Galicia y del presidente de la Xunta: Francisco Ramón de Lucas, Pachi Lucas.


Este empresario madrileño, ahora afincado en Galicia, acaba de ser declarado investigado por un presunto delito de tráfico de influencias, según un auto hecho público por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. La jueza pretende averiguar si Pachi Lucas hizo de intermediario entre la Xunta de Galicia y los promotores de los falsos cursos de formación pagados con dinero público. 


Pachi Lucas pertenece al círculo de amistades del principal encausado en la Operación ‘Zeta’, Gerardo Crespo, que en alguna ocasión llegó a calificar a Lucas como ‘el abrelatas’ o ‘el conseguidor’ por sus contactos en la Xunta. El empresario es también, según Crespo, “muy amigo y protegido” del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. De hecho, Pachi ha visto en alguna ocasión compartiendo palco en la plaza de toros de Pontevedra con Rajoy y Núñez Feijóo.


La amistad entre Núñez Feijóo y Pachi Lucas se inició cuando el actual presidente de la Xunta formaba parte del equipo de José María Aznar en Madrid, como secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y presidente del Insalud entre 1996 y 2000.


Pachi Lucas forma parte del núcleo duro del PP de Pontevedra, en el que también hay imputados como Rafael Louzán, expresidente de la Deputación de Pontevedra, y ahora máximo responsable de la Federación Galega de Fútbol. 


Es por eso que la investigación pone su punto de mira en la ciudad natal de Rajoy, Pontevedra. Algunos de los contratos atribuidos a la trama apuntan a la Deputación, presidida por aquél entonces por Louzán. Además, algunas pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntan a esta ciudad, como un mensaje en el que Lucas decía que se había cerrado una reunión con Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones.


Sea como fuere, lo cierto es que a Núñez Feijóo no parece gustarle este asunto. Gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento gallego, ha paralizado varias comisiones de investigación sobre corrupción.


Entre las nuevas personas llamadas a declarar también está la ex directora de Formación de la Xunta, Ana María Díaz López, actual directora General de Conservación da Natureza de la Xunta, que está siendo investigada como supuesta autora de un delito de prevaricación. El auto también recoje los nombres de la actual conselleira de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio, Beatriz Mato, que había sido Conselleira de Traballo e Benestar; y del secretario xeral de Pesca, Andrés Hermida, ex director xeral de Promoción de Emprego.


Con este nuevo auto, la jueza acuerda también la citación en calidad de investigados de "quienes prestaron su colaboración para la constitución de sedes ficticias y que suscribieron contratos de arrendamiento y de trabajo a tal fin, con el objetivo de ser receptoras de acciones formativas con las que obtener beneficio económico".


EL PSdeG PIDE QUE FEIJÓO ASUMA RESPONSABILIDADES


La diputada del PSdeG Patricia Vilán ha criticado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esté "mirando para otro lado" en lugar de "asumir algún tipo de responsabilidad" en lo relativo a la Operación Zeta. En primer término, la socialista pontevedresa ha preferido ser "cauta" en lo relativo al desarrollo del caso, pero sí se ha mostrado crítica con la postura del presidente ante la investigación de personas de su entorno y de su propio ejecutivo.


En cambio, el portavoz del PPdeG en la Cámara, Pedro Puy, ha descartado que el asunto pueda "salpicar" al máximo mandatario autonómico. A continuación, Puy Fraga ha expresado su "máximo respeto" y de su partido a las actuaciones judiciales en marcha y ha trasladado también un mensaje de "tranquilidad" en relación a "posibles implicaciones" de su jefe de filas.


LA JUEZA SE PLANTEA TRASLADAR PARTE DE LA INSTRUCCIÓN


Mientras tanto, a titular del Juzgado de Instrucción número seis de A Coruña ha planteado la posibilidad de trasladar a la Audiencia Nacional la parte de la instrucción de la 'Operación Zeta' que corresponde a la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype).


En una providencia remitida la semana pasada a las partes, la jueza ha planteado a la Fiscalía y a las partes personadas esta cuestión, así como la posibilidad de hacer partes separadas en esta causa tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así lo han explicado fuentes jurídicas del caso, que han precisado que el expediente tiene ya 18.000 folios. "Y más que va a haber", han añadido después de que la jueza hiciese público el viernes un auto en el que cita a 25 nuevos investigados y otros 23 testigos.


Sobre el funcionamiento de Caype, en el auto hecho público el pasado viernes, la jueza sostiene que se constituyó "como un mero artificio cuya finalidad última es la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y la relativa a la justificación del gasto".


De esta forma, según alude en referencia a informes obrantes en la causa, "el engaño le permitió acceder a fondos públicos por importe superior a los cuatro millones de euros".


Éstos se habrían obtenido, supuestamente, de manera fraudulenta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Xunta de Galicia, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo.


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