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¿Hay alguien cobrando multas en Santiago? Los trabajadores de la subcontrata llevan meses sin salario y todos están de baja

En vez de tener trabajadores públicos encargados del reparto y cobro de multas, hace lustros que el Ayuntamiento de Santiago tiene una empresa contratada. Esta compañía, a su vez, subcontrató a otra que, según Comisiones, hace cuatro meses que no paga salarios. El resultado es que todos los trabajadores están de baja y las sanciones o no se cobran o hay alguien realizando el trabajo de otra empresa. El concelleiro responsable, Xan Duro, intenta desatascar la situación pero las sucesivas capas de contrataciones se lo dificulta, poniendo sobre la mesa la opción de si no será mejor remunicipalizar el servicios. 


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El secretario xeral de CC.OO. Santiago-Barbanza, Joaquín García, en rueda de prensa con trabajadores de la CI Postal.
El secretario xeral de CC.OO. Santiago-Barbanza, Joaquín García, en rueda de prensa con trabajadores de la CI Postal.


 

En una rueda de prensa celebrada este martes, el sindicato CC.OO. anuncia la interposición de una demanda al Ayuntamiento de Santiago en busca de una resolución para los trabajadores de la subcontrata CI Postal, contratrista a su vez de  SCI . Los proletarios de la subcontratada, encargada del servicio de notificación de multas, atraviesa una difícil situación al acumular cuatro meses sin recibir sus salarios.

 

Joaquín García, secretario xeral de CC.OO. en la unión comarcal Santiago-Barbanza, ha ampliado la demanda inicial dirigida a CI Postal, incorporando al propio Ayuntamiento, alegando un presunto incumplimiento del "deber de vigilancia" por parte de la entidad municipal.

 

El Ayuntamiento de Santiago busca una solución

Fuentes del Gobierno local han aclarado que el Ayuntamiento no mantiene una relación contractual con CI Postal. Sin embargo, aseguran que el concejal Xan Duro se reunió con la empresa SCI, con la cual sí tienen relación contractual, y esta afirmó estar al día con los pagos a CI Postal. 

 

Es decir, que la versión de los empleadores es que el Ayuntamiento está al día con su contratista, SCI, y que SCI está al día con la subcontratista, CI Postar, pero por algún motivo CI Postal no le está pagando a los operarios.

 

En un intento por abordar la situación, la concellería ha tratado de ponerse en contacto con la empresa responsable del servicio de notificación de sanciones, sin obtener respuesta hasta el momento. La falta de una relación contractual directa entre el Ayuntamiento y CI Postal plantea desafíos adicionales para encontrar una solución efectiva a esta crisis laboral.

 

BAJA DE LOS TRABAJADORES

Los cuatro empleados, encargados de la clasificación y distribución de las notificaciones de sanciones, actualmente se encuentran de baja, lo que plantea la interrogante sobre quién está llevando a cabo dichas labores en la actualidad, o si acaso estas se están realizando de manera adecuada.

 

García ha planteado dos posibles escenarios: o alguien está llevando a cabo el trabajo, "incumpliendo el derecho de subrogación", o este simplemente no se está ejecutando. En ambas circunstancias, el sindicato considera las situaciones como "gravísimas".

 

El representante de CC.OO. ha señalado que en noviembre pasado sostuvieron una reunión con el concejal responsable, Xan Duro, solicitándole activamente que buscase una solución a esta problemática. Aunque ha reconocido que el Ayuntamiento ha mantenido una comunicación "abierta", CC.OO. percibe una falta de iniciativa en la búsqueda de soluciones concretas.

 

El sindicato aboga por una intervención del Ayuntamiento para instar a la contrata, SCI, a continuar ofreciendo el servicio de notificaciones con los mismos trabajadores que han desempeñado sus funciones durante los últimos cinco años.

 

¿REMUNIPALIZAR?

CC.OO. hace un llamado al Gobierno local para que impida que la empresa subcontratada "vulnere la legalidad". Ante la posibilidad de municipalización del servicio, García sugiere que se debatiría en ese momento quiénes deberían permanecer y quiénes deberían abandonar sus funciones. Sin embargo, duda de que este proceso ocurra "a corto plazo", ya que en diciembre pasado el Ayuntamiento prorrogó la concesión a SCI por nueve meses adicionales.

 

Almerindo Jesús, uno de los trabajadores afectados, destaca la necesidad de que cualquier empresa que realice notificaciones de este tipo cuente con la debida licencia de operador postal. La incertidumbre sobre quién está realizando actualmente estas notificaciones genera preocupación, y los trabajadores irán a juicio en febrero para reclamar los salarios pendientes y el cese de esta situación. En caso de no hallar una solución, se verán obligados a abandonar sus puestos con lo que les corresponda.

 

García lamenta la situación, subrayando que es triste que después de tantos años prestando un servicio, este sea asumido por un tercero, cuando los trabajadores originales estaban capacitados para llevarlo a cabo.

 

 

 

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