Juzgan a un abogado que ocultó información a sus clientes y falseó un auto para hacerles pagar una supuesta fianza

La Audiencia Provincial del Lugo juzgará este próximo miércoles a un abogado que ocultó información y engañó a un cliente encarcelado y a sus hermanas, llegando a falsear dos autos del Tribunal Constitucional para hacerles pagar una supuesta fianza que no existía.

Los hechos se remontan al año 2017, cuando uno de los clientes del abogado enjuiciado ingresó en prisión por un delito de abuso sexual. Desde entonces y durante los meses siguiente, el letrado mantuvo contacto tanto con el reo como con sus dos hermanas para manifestarles su intención de interponer "los recursos oportunos" para lograr su puesta en libertad.

El acusado dijo a los perjudicado que la vía adecuada era la interposición de un recurso de revisión, pero "debían esperar a la resolución de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que estaba en tramitación".

Según sostiene la Fiscalía, esto lo hizo a sabiendas de que el Tribunal había inadmitido este recurso meses antes y, de hecho, el abogado nunca llegó a realizar trámites para interponer el recurso de revisión comprometido.
 

AUTO FALSIFICADO

Durante los meses de febrero y abril de 2018, el procesado convenció a sus clientes para que le abonasen 2.500 euros en concepto de fianza que, según les contó, había sido impuesta por el Tribunal Constitucional para la puesta en libertad de su cliente.

Él o alguien próximo elaboró para ello "un documento que simulaba ser una copia de un auto del Tribunal Constitucional", en el que se recogía esa supuesta fianza.

Tras recibir el dinero de manos de las hermanas de su cliente, el abogado argumentó que el retraso en la puesta en libertad del hombre se debía "a la huelga de funcionarios" de justicia. Posteriormente, les entregó otro documento falso en el que se reclamaban otros 1.000 euros de fianza, aunque esta cantidad no llegó a entregarse.

El Ministerio Público considera estos hechos como constitutivos de un delito de deslealtad profesional, otro de estafa y un tercer delito de falsedad en documento privado. Por el primero de ellos, pide una multa de 7.200 euros, mientras que por los otros dos reclama seis años de prisión y más de 3.000 euros de multa. También solicita una indemnización de 2.500 euros para los perjudicados.