La Audiencia de Lugo acoge desde martes el juicio contra Alcor Seguridad aplazado en junio por la huelga de Justicia

Desde este martes, la Audiencia Provincial de Lugo retomará el juicio contra el directivo y los administradores de Alcor Seguridad, quienes están siendo procesados por infringir los derechos laborales de sus empleados. Se les acusa de forzar a los trabajadores a cumplir con jornadas extenuantes y de hacerles firmar hojas en blanco en lugar de contratos legítimos.

El proceso judicial debía llevarse a cabo en junio, pero fue pospuesto debido a una huelga de los funcionarios judiciales, que impidió citar a 25 de los más de 100 testigos previstos. Por esta razón, el juicio fue suspendido el lunes pasado. En el caso, se encuentran imputados un alto cargo de la empresa, con sede fiscal en Monforte, junto con otros cuatro administradores, y 35 empleados aparecen como afectados.

Las sesiones del juicio están programadas desde el martes hasta el viernes de esta semana, aunque se anticipa que el proceso se extienda hasta la semana siguiente. En total, cinco miembros de la dirección de la empresa están acusados, y el caso involucra a 35 trabajadores como parte perjudicada.

El escrito de acusación de la Fiscalía detalla que, entre 2011 y 2015, el empresario empleó a numerosos trabajadores en Galicia, Canarias y Asturias. A estos empleados, según el fiscal, se les impusieron condiciones laborales ilegales, "abusando de la situación de necesidad en la que se encontraban", y se vulneraron sus derechos mínimos.

El Ministerio Público acusa al empresario de exigir a sus empleados jornadas laborales excesivamente largas, sin respetar los descansos legales, calificando estas jornadas de "maratonianas". Se menciona que algunos trabajadores realizaron turnos de 24 horas seguidas durante 15 días.

Además, las horas extra se pagaban a un precio mucho menor al establecido legalmente y solo se reconocían después de las 200 horas mensuales, sin incrementos por trabajo nocturno o en días festivos.

La Fiscalía también señala que los empleados eran coaccionados a firmar documentos en blanco, en vez de contratos laborales auténticos, dejándolos sin conocimiento de sus condiciones laborales y sin cumplir con los cursos de formación y reciclaje obligatorios por ley. En un caso, uno de los acusados presentó justificantes falsos de asistencia a cursos tras una inspección.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa al directivo de Alcor Seguridad de cometer un delito contra los derechos de los trabajadores, con los demás administradores como cómplices. Solicita penas de cárcel que oscilan entre los dos años y medio y los tres años y tres meses, además del pago de multas y una compensación de 6.000 euros para cada trabajador afectado.