Los abogados de Diego Bello pedirán al Tribunal que los policías implicados en el asesinato no puedan abandonar el país

Los abogados que están llegando el caso de Diego Bello, el jovel coruñés que fue asesinado en Manila en enero del 2020, procederán a solicitar al Tribunal que lleva el caso una orden de prohibición de abandono del país a los tres policías que fueron acusados.

En un comunicado, los letrados han advertido de que esta medida podría ir además acompañada con el lanzamiento de una alerta a la Interpol. Con esto, afirman, intentan "darle un nuevo impulso al procedimiento y conseguir que se celebre, por fin, el ansiado juicio para el esclarecimiento de los hechos".

Además de la orden de no entrar en el país, los abogados contratados por la familia presentarán ante el juzgado que está tramitando el procedimiento en Surigao del Norte (Filipinas) la solicitud de cambio de jurisdicción ante el Tribunal Regional de Surigao.

"De acuerdo con una nueva circular reciente de la Corte Suprema, las solicitudes de cambio de jurisdicción ya no se presentan ante la Corte Suprema sino ante los Tribunales Regionales, y es el juez encargado del tribunal correspondiente quien resuelve", explican.

La solicitud será presentada personalmente por los abogados, según afirman, "para evitar posibles presiones sobre el juez", y que el caso sea llevado a la capital filipina, Manila, "al tratarse de un asunto de suma importancia y con una gran relevancia a nivel internacional".

También prevén reunirse con los responsables de los bancos donde Diego Bello tenía sus fondos, para intentar conseguir que finalmente puedasn liberarse, "tras más de dos años de continuas trabas administrativas y burocráticas".

Tanto la familia como los allegados se encuentran actualmente "sorprendidos" de que el cambio de gobierno en Filipinas no haya producido todavía detenciones. Recuerdan además que se les concedió una suspensión de empleo y sueldo a los tres policías acusados del asesinato. Según apuntan, los policías mantienen activas sus redes sociales y la gente de la isla es conocedora de su paradero.

"La imagen que traslada el gobierno filipino es de total impunidad frente a los presuntos asesinos del coruñés, debido a que la policía nacional filipina no está por la labor de ejecutar la orden judicial que, a pesar de los recursos interpuestos por los letrados de los policías, es firme al desestimarse todos y cada uno de ellos", censuran los letrados del caso.