Usuarios regulares del tren piden al próximo Gobierno un abono laboral-estudiantil para toda España

La campaña electoral está dando para reflexionar sobre muchos asuntos: las pensiones, el cambio climático, los derechos del colectivo LGTBIQ, la inflación… Sin embargo, son tantos o más temas los que muchas veces se quedan en el tintero. Uno de ellos es el de las comunicaciones y el transporte público, un asunto relevante para una parte significativa de la población que se desplaza a diario en tren para acudir a su lugar de trabajo o para estudiar. Las frecuencias, las conexiones, los horarios…son muchos los aspectos que resultan clave para estos usuarios y que hoy ocupan muy poco tiempo del debate político.

Por eso, cerca de una decena de asociaciones de usuarios que usan con regularidad este servicio, y entre las que se encuentra la Asociación Perder o Tren, se han reunido bajo el paraguas de las Asociaciones de Usuarios Recurrentes de transportes de servicio público de tren para poner de manifiesto todos los asuntos que les preocupan y las necesidades “más urgentes” del colectivo junto con las propuestas que acercan a todas las fuerzas políticas a las puertas de las elecciones generales del 23 de julio.

ABONO LABORAL-ESTUDIANTIL

En primer lugar, destacan el papel crucial que juegan estas infraestructuras para muchas familias, por lo que proponen la creación de “un abono laboral-estudiantil en toda España para usuarios recurrentes”. El precio del ferrocarril, hasta las bonificaciones impulsadas recientemente por el Gobierno, resultaba prohibitivo para muchos bolsillos, y sigue siendo desorbitado en el caso de servicios como el Alvia o la Alta Velocidad. 

A renglón seguido, subrayan la necesidad de “flexibilizar el servicio de modo que, previa reserva de su plaza y con las condiciones que se determinen, sea posible acceder a todo tipo de tren que circule por la línea, bien sea Media Distancia Convencional o Avant, o bien con plazas sinergiadas en AVE, Alvia, Ave-Intercity”.

Al tiempo, insisten, como vienen haciendo desde el inicio de la pandemia, en la necesidad urgente de acometer una profunda revisión a las frecuencias y horarios de algunas líneas. Además, reforzar las horas de alta demanda “que permiten el acceso y retorno de centros de trabajo y estudio y asegurar así el uso masivo de este transporte y alternativa real, asequible y útil, al coche”.
 

“DERECHO AL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO”

Las propuestas no son, ni mucho menos, novedosas, sino que responden a las demandas que vienen haciendo todos estos colectivos en distintos puntos de España. Las asociaciones piden imitar a países como Luxemburgo, donde se implantó la gratuidad del transporte público, o Austria, donde se creó el ‘billete climático’ por 950 euros al año. 
 

“Durante años, venimos defendiendo que se ha de flexibilizar el concepto del uso del tren buscando la rentabilidad económica y social de las inversiones públicas fomentando la ocupación de los trenes y superando la discriminación en la subvención pública del precio final que tenemos los usuarios abonados de tren fuera de los núcleos de cercanías cuando a todos nos asiste el mismo derecho al servicio público esencial de transporte ferroviario”, defienden los colectivos.

En ese sentido, lamentan que solo “estímulos negativos” como la guerra en Ucrania o la crisis sanitaria hayan sido los catalizadores del fomento y uso del transporte público, “universalizando un transporte que antes solamente era para unos cuantos de forma recurrente” con los abonos y títulos multiviaje.
 

¿FIN A LOS BONOS EN 2023?

Por estos conflictos han visto impulsadas algunas propuestas y aumentado el flujo de pasajeros en muchos servicios. No obstante, las medidas no son eternas: “A finales de este año 2023 desaparecerán estas medidas anticrisis como hasta ahora las conocemos, pero estos dieciséis meses no pueden quedar en una mera experiencia y los datos de viajeros lo corroboran”.

“Queremos llamar la atención del conjunto de las fuerzas políticas para que atiendan a los datos y los interpreten conforme a la realidad social. Los precios anteriores y la configuración de los abonos impedían el acceso a este servicio público y esencial que nos ampara y que constituye una palanca de empleo, formación, turismo, crecimiento, bienestar y ocio, entre otras muchas cosas”, advierten los usuarios recurrentes, haciendo hincapié en la importancia del uso del “transporte verde” para que no tenga “un coste mensual de 400 o 600 euros” ni empobrezca a las familias. 
 

“¿No es un triunfo común que las personas tengan la alternativa real de dejar el coche y coger el tren para ir a trabajar? ¿Cuántos accidentes de tráfico se evitaron? ¿Cuántas emisiones de CO2 se están ahorrando? ¿Cuántas sanciones pecuniarias se ahorra o se puede ahorrar el Estado por incumplir los compromisos de reducción de CO2 establecidos por la Unión Europea?”, cuestionan. 

En su interpelación a los partidos, exigen “respeto y consideración hacia nuestras plataformas”, las cuales abogan por el acceso a empleo y formación, la lucha contra la contaminación o la transición ecológica. “Que la próxima estación no sea la Moncloa, gobierne quien gobierne, sino un abono laboral universal para democratizar el transporte que vertebra, iguala y ofrece oportunidades a todas las personas”, concluyen.