Democracia, Igualdad e Iglesia Católica

“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las siguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (art. 16.3 Constitución Española).

Con motivo de la llamada por los católicos durante la Semana Santa, tuvimos la oportunidad de comprobar, una vez más, cómo este mandato constitucional no sólo no se cumple, sino que es violado reiteradamente tanto por el actual gobierno español como por otras muchas autoridades y representantes políticos. Actuaciones que demuestran que, por cierto, las relaciones de los poderes públicos con la Iglesia Católica no son "relaciones de cooperación" sino de claro servilismo.

La cobertura televisiva pública de los actos religiosos celebrados por esta institución privada -misas, procesiones...-, la destacada presencia de autoridades públicas en dichos actos, son prueba indiscutible de los privilegios e influencias que, a día de hoy, aún mantienen la Iglesia Católica en España. Una situación que, sin duda, limita la democracia, favorece las desigualdades y contribuye a la polarización social.

Limita la democracia al dar un trato privilegiado a una institución privada que a lo largo de la historia de España ha mantenido, prácticamente durante toda su existencia, una posición inequívocamente reaccionaria y estaría en contra de las libertades y la democracia. Basta repasar en la historia reciente el papel jugado por la Iglesia Católica durante la Guerra Civil (1936-1939) y la terriblemente cruel dictadura franquista (1939-1975).

Una posición de la que nunca dio muestras de arrepentimiento pero que, con ligeros matices, defiende hoy. Que los poderes públicos y sus representantes democráticamente electos sigan otorgando numerosos privilegios y no menores servidumbres a esta institución limita la democracia, la hace más vulnerable y deficitaria. No es casualidad que los estados de la Unión Europea con mayores déficits democráticos -España, Portugal, Italia, Irlanda, Hungría, Polonia...- sean también aquellos en los que la Iglesia Católica goza de enormes privilegios y gran poder de influencia.

Favorece la desigualdad tanto porque disfruta de privilegios como porque defiende, con gran beligerancia, políticas que implican mayor desigualdad. Privilegios que se ponen de manifiesto en un tratamiento fiscal escandalosamente favorable que se aplica a prácticamente todos los impuestos: ICIO, IBI, IAE, ISS, IRPF, Donaciones y Sucesiones -lo que hace que la práctica totalidad de sus ingresos estén exentos de impuestos-, que ha estado en vigente desde 1979 -Gobierno de España/Convenio Vaticano- y que según algunas entidades asociativas -como "Europa Laica"- suponen que el sistema fiscal español ya no percibe más de 10.000 millones de euros anuales. Por otro lado, la Iglesia Católica -que posee el 70% de las escuelas privadas- viene contribuyendo de manera decisiva a una polarización educativa -separación entre escuelas públicas y privadas- que alimenta la desigualdad social (informes PISA).

Una contribución a la polarización social que también se refleja en su fuerte oposición a muchas de las políticas públicas que implican, por ejemplo, avances en la igualdad de género y que favorecen a las familias con menos recursos: divorcio, violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo… Oposición también a las que promueven la igualdad entre todas las personas, como el matrimonio igualitario, la eutanasia, la igualdad afectivo-sexual.... contra las que hace públicas, utilizando sus propios medios de comunicación -como, por caso, la COPE y TRECE-, una enorme hostilidad. Actitud que contrasta con su silencio sobre los innumerables casos de pederastia y abuso sexual que se dan en su interior.

Todas estas realidades demuestran que frente a lo que indica la Constitución, España no es un estado laico sino que, alimentado por muchas de las prácticas de sus gobernantes -de derecha e izquierda- es un estado muy cercano al confesionalismo. A las evidencias ya citadas, podríamos agregar otras como, por ejemplo, el mantenimiento de capellanes con grado militar en el ejército, de símbolos religiosos en los centros oficiales y espacios públicos, la permanencia de la religión como asignatura en muchas escuelas y universidades, la concesión por parte de los poderes públicos de medallas a Cristo y a las vírgenes… Prácticas políticas que contrastan, por cierto, con la realidad de algunos pueblos donde casi la mitad de la población (40%) se declara no creyente y sólo el 20% son católicos practicantes (CIS).