Su turno, señor Feijóo

En España sucede que, para desgracia de nuestra democracia, con demasiada frecuencia los partidos políticos, con preferencia en los de las derechas, se saltan las normas más elementales de la democracia, por caso las que fijan la Constitución española o leyes de rango superior, por intereses exclusivamente partidistas (por su beneficio particular o para evitar un perjuicio) y no por los intereses de las mayorías sociales.

Así, y por caso, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE nº 157, 02/07/1985) en su Artículo 568.1 establece que “El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la data de su constitución. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. Pues bien, el Partido Popular (PP) se niega a cumplir este mandato legal teniendo paralizada la renovación del CGPJ desde el año 2019. Las razones son más que evidentes: los dirigentes de ese partido tiemblan delante de la posibilidad de que la renovación del CGPJ, con las sucesivas que vendrían a continuación en otros órganos judiciales inferiores, abran la puerta a que los incontables procedimientos judiciales por corrupción en que están embarrados y que están paralizados, puedan seguir su curso, lo que afectaría a un número muy elevado de relevantes dirigentes populares. Dado que en la renovación del CGPJ, según la Constitución Española (Art. 122) tanto el Congreso de los Diputados (4) como el Senado (4) intervienen en su composición que deben ser elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos, claro está que la actual oposición tiene capacidad para paralizar la renovación que es lo que está haciendo. Con esta actitud el Partido Popular (PP) de nuevo, ahora con el señor Núñez Feijóo al frente, impide que el Poder judicial cumpla con las funciones fijadas en la Constitución Española (Titulo VI) y que esta democracia se homologue a las democracias europeas mas avanzadillas. Un comportamiento que responde exclusivamente a intereses partidistas.

El incluso sucede ahora con la investidura del Presidente de Gobierno (C.Y. art. 99). Como es preceptivo constitucionalmente el Jefe del Estado, a través de la Presidencia del Congreso, propuso en su día un candidato a la Presidencia del Gobierno (C.Y. art. 99.2.), ropuesta que recayó en el portavoz del partido político mas votado (PP) quien aceptó el encargo (que previamente había reclamado insistentemente) aunque las evidencias dejaban clara la dificultad de conseguir en el Congreso los votos necesarios por lo que era una candidatura abocada al fracaso. Una evidencia que se hizo realidad y así, después de casi 30 días, estamos viendo cómo el candidato propuesto, después de comprobar su soledad (solo cuenta con los votos de su partido [PP], de VOX, de CC y de UPN que suman 172, cuatro menos que la mayoría absoluta que está en 176), está dedicando este tiempo no a presentar públicamente su programa de gobierno para que así lo conozcamos todos los ciudadanos de los pueblos de España, sino a atacar al candidato alternativo (señor Pedro Sánchez), a los partidos que forman la alternativa (PSOE/Sumar) y, en general, a todos aquellos que le niegan el apoyo. Paralelamente aprovecha su condición de candidato propuesto para ver de consolidar un liderazgo en su partido (PP) que empiece a ser cuestionado. Un comportamiento que, de nuevo, responde exclusivamente a intereses partidistas saltándose, si resulta menester, tanto la Constitución española cómo leyes de rango superior. Lo correcto en un político demócrata sería reconocer que no tiene la mayoría necesaria y renunciar la oferta de formar gobierno. (Entre paréntesis: las llamadas a miembros del PSOE y de Sumar para que apoyen su candidatura y traicionen a sus partidos resulta un comportamiento indigno de políticos demócratas).

Las votaciones tanto para elegir la Mesa del Congreso y la Presidencia (178 votos) como para la toma en consideración de la Reforma del reglamento del Congreso que permita el uso en el incluso de las lenguas cooficiales (176 votos) pusieron en evidencia a existencia de un apoyo parlamentario suficiente tal que sirva para invertir al señor Pedro Sánchez y formar un gobierno de coalición con Sumar consonte manda la Constitución Española (Art.99). Una Constitución que, en contra del que afirman los dirigentes políticos del Partido Popular, y no pocos comentaristas, deja muy claro que no tiene que ser propuesto/a como candidato/a a la Presidencia del Gobierno el/la de la lista más votada.

Su turno, señor Feijóo: respete la Constitución Española y las normas más elementales de la democracia española. Muestre su programa de gobierno y veamos con que apoyos cuenta.