La trama del STL en Ourense blanqueó mordidas en viajes al Índico y BMWs, apunta la Policía

La Fiscalía señala que un informe del Grupo de Investigación de Blanqueo de Capitales de la UDEF detecta que el nivel de vida del matrimonio “ha aumentado de forma exponencial en los cuatro últimos años”. Además de una docena viajes en “hoteles de lujo”  de las Islas Mauricio, Tailandia, Canarias o Marruecos, la Policía detalla la compra de casas, vehículos y negocios.

En concreto, el escrito, al que tuvo acceso Galiciapress, cita entre los bienes adquiridos en ese periodo por M.A. Sánchez  -secretario general de esta central y líder del colectivo en A Coruña- y C. Martínez -esposa de Sánchez y gerente de la ONG Imprego-, un “inmueble en Yaiza-Tias (Lanzarote)”, un “local comercial en A Coruña”, cuatro motos, cuatro turismos y un todoterreno. 

La fiscala acusa al sindicalista y su mujer de los delitos de "corrupción en los negocios", "continuado de estafa" y "blanqueo de capitales". Son los mismos que le imputa a J. D. García, gerente de la Unión Temporal de Empresas Ecourense, la concesionaria de la limpieza y recogida de basura en el Ayuntamiento Ourense.

La UTE está formada por tres empresas, el grupo barcelonés Fomento de Construcciones y Contratas (Grupo FCC), la constructora de Ourense COPASA y la gestora viguesa de aguas y otros servicios Geseco. Galiciapress ha contactado con las tres compañías para transmitir su punto de vista sobre la denuncia contra el directivo de su filial.

El presunto modus operandi de la trama descrito en la reciente denuncia  en Ourense es similar al que provocó las detenciones en A Coruña en 2023. 

Así, la concesionaria habría cedido el control de parte de las contrataciones de personal a la ONG, Asociación Impulso ao Emprego IMPREGO, dirigida por la mujer acusada. Su marido es el responsable del STL, que habría sido promocionado por la propia Ecourense para que ganase las elecciones sindicales, cuestión que no consiguió en Ourense pero sí en A Coruña. 
 

El STL sería, según la denuncia inicial del sindicato CIG, el encargado de escoger a los empleados a los que a cambio se les exigiría ingresar una cuota de socio de IMPREGO. Los contratados serían “familiares de trabajadores del cuadro de personal que no se encuentra en situación de riesgo de exclusión social”. Otros serían contratados “en base a diferentes equilibrios de poder e influencias”.

Aquellos que no pasaran por el aro pagarían las consecuencias. Por ejemplo, en el caso de Ourense, que no se prolongase su jornada y, en el caso de A Coruña, cambios de turno y empeoramiento de las condiciones laborales.

Fue uno de los sindicatos rivales del STL quien denunció el caso en la Fiscalía de Ourense. Inicialmente, la Fiscalía archivó la denuncia de la CIG pero, tras la operación policial en 2021 en A Coruña, la central nacionalista insistió y ahora sí, la Fiscalía ve indicios de delito y presenta la denuncia ante el juez. 

Concurso en vilo en Ourense y posibles ramificaciones

La noticia salta en un momento muy delicado para las concesionarias. El Concello de Ourense tiene abierto el concurso para renovar la contrata. De hecho, desde el sector apuntan a que la resolución del concurso debería haber sido publicada ya. 

En la denuncia, aludiendo a las detenciones de A Coruña, la fiscala deja constancia de las noticias de  que “la Policía Nacional pretende ampliar la investigación a Ourense, Ponferrada y Las Palmas”. No hay constancia de que en Ponferrada o Canarias la Justicia haya abierto pleitos, pese a las noticias iniciales de que la Policía investigaba en esa dirección.  El pleito por el caso de A Coruña, donde las concesionarias son FCC y Prezero, está previsto para julio. El STL ha calentado el clima social de la plantilla en A Coruña amenazando con una huelga este inverno e incumplimientos de la concesión por parte de Prezero.. 
 

Antes de formalizar su denuncia, la Fiscala de Ourense interrogó como testigos a trabajadores de la contratista ourensana para “determinar si durante la vigencia de sus contratos de trabajo abonaron una cuota mensual a la entidad IMPREGO”. También pidió a varios bancos, entre los que están BBVA y Abanca, que informasen si determinadas personas realizaron ingresos en las cuentas de Asociación Impulso o Emprego desde el año 2018.