Casi todos los diputados pasan de informar de sus reuniones con lobbies violando el código ético y suscitando críticas de la UE

El Consejo de Europa ha llamado la atención a España por su falta de transparencia a la hora de dar parte de las actividades de los grupos de presión con los diputados. En julio, la Oficina del Conflicto de Intereses de las Cortes detectó que tan solo 7 diputados habían publicado las reuniones que habían mantenido con los 'lobbies'. 

Hay que tener en cuenta que el Gobierno aprobó a principios de noviembre el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés con el fin de regular este sector, medida legislativa que aún no existe y que, visto lo visto, se antoja como algo necesario. 

Sin embargo, esta falta de transparencia sí que choca de forma expresa contra el Código Ético para diputados y senadores que se aprobó en octubre del 2020. Este documento les obliga a publicar sus encuentros con los 'lobbies' en el portal de Transparencia, algo que la Oficina del Conflicto ya alertó que no estaba sucediendo. Según un informe de la Oficina, un 43% de los diputados seguía sin publicar su agenda en la web, algo que sí que tienen presente los senadores. Este mismo organismo apremió a la Cámara Baja a ser más transparente en sus citas con los grupos de presión para evitar una "influencia oculta, indebida o extralimitada".

Recientemente, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) reprochó de nuevo la "opacidad" parlamentaria sobre las reuniones con los 'lobbies'. Su advertencia se basó en un informe que revisaba el grado de cumplimiento de unas recomendaciones relativas a la corrupción que se hicieron a España en 2014... y con los 'lobbies', no se cumple ninguna de ellas. 

El GRECO, además, ha recomendado que los parlamentarios tengan claro qué pueden y qué no pueden hacer con los 'lobbies', e insiste en que "más de la mitad de los diputados no publicaron sus agendas institucionales" y que el Congreso "no muestra sistemáticamente los contactos con los grupos de presión o terceros que buscan influir en el proceso legislativo".

El Gobierno quiere que la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés ayude a luchar contra las puertas giratorias y así regular el sector del 'lobby'. En el texto hay contemplada la creación de un registro oficial gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), y si el lobby en cuestión no está inscrito en esta lista, no podrá reunirse con miembros de la Administración. Esta Oficina dependerá del Ministerio de Hacienda y Función Pública, algo que ha generado cierto malestar entre los grupos de presión porque creen que el organismo que debe fiscalizarlos debe ser "independiente y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor".

Con esta nueva Ley, los legisladores también estarán obligados a publicar las actividades de los 'lobbies' que influyan en el proceso legislativo. En caso de no cumplir con estas exigencias, habrían sanciones. 

El objetivo del Gobierno con este anteproyecto de Ley es cumplir con las directrices del GRECO y situar a España al nivel de países como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia.