El fondo de pensiones de los Países Bajos APG se ha hecho con el control exclusivo de las autopistas gallegas, después de que la compañía adquiriese Itínere, la empresa que gestiona varias carreteras de pago del norte de la Península Ibérica.
Por ahora, la velocidad de 30 kilómetros hora solo es obligatoria, al margen de las normas municipales, en vías de un único sentido. Sin embargo, el Gobierno de España podría extender esta medida al comprobar que ha servido para reducir bastante el consumo de combustibles.
El Estado no debe seguir asumiendo todo el coste de mantenimiento en un momento en el que se impone la política de 'quien contamina paga', argumenta el Gobierno a la UE. Con todo, la gran incógnita es si el Ejecutivo se atreverá a imponer el peaje global en un año, 2024, en el que hay elecciones generales.
La mayoría de los países europeos ya cobran por el uso de sus carreteras, en un intento de fomentar otros medios de transporte con menos impacto ambiental y en la salud. Con todo, es una que puede resultar medida impopular. Facua advierte que, lógicamente, perjudica más a los ciudadanos con menos recursos.
Presenta el plan ante los peces gordos del sector de las obras públicas. Desde Galicia se habla de "agravios constantes".
Adega carga contra unha infraestructura “innecesaria e carísima” que podería danar seriamente os valores naturais e culturais da Ribeira Sacra