El agua potable, un recurso en peligro en A Limia

La Sociedad Gallega de Historia Natural denuncia que, a pesar de las muchas advertencias que han hecho a las administraciones, los organismos competentes no han hecho nada para mejorar la situación. Las instalaciones ganaderas, principles señalados de esta situación.

El abono generado por las granjas afecta gravemente a la calidad del agua

El agua de Limia corre el riesgo de volverse no potable, motivo de preocupación para la Sociedad Gallega de Historia Natural, que en los últimos 10 años ha enviado hasta 33 escritos a las administraciones reclamando una solución. En las misivas enviadas a consejerías y ayuntamientos, la organización alertaba de la saturación de las instalaciones ganaderas en la cabecera del río Limia, lo que está afectando gravemente a la calidad del agua.

La organización también señala a Coren como la principal empresa presente en las instalaciones ganaderas anteriormente citadas. “Esto sugiere la existencia de un plan empresarial de intensificación ganadera en A Limia en los últimos 20 años sin que se sometiese nunca a una evaluación ambiental”, denuncia el escrito, señalando a su vez que la zona es un espacio “muy sensible desde el punto de vista hidrológico, botánico y faunístico”. Además, advierten de que los estudios señalan que la calidad química de las aguas incumple los parámetros de calidad establecidos.

A pesar de las recurrentes solicitudes de SGHN para que la Xunta no permitiese establecer nuevas granjas en la zona e iniciar un estudio de la situación, por el momento no se han dado pasos al respecto por parte de las administraciones. De hecho, las consejerías competentes no solo ignoran los informes de SGHN, sino que declaran que esa concentración de granjas “es ambientalmente viable”.

El análisis de las aguas de la zona desmienten los informes de la administración, ya que las muestras reflejan un empeoramiento claro en la calidad del agua, lo que según la SGHN es un claro “delito contra la salud pública y el medio ambiente”. Por eso, piden a la Fiscalía de Medio Ambiente de Ourense “que investigue los hechos denunciados para dilucidar si existen o no respnsabilidades penales por parte de funcionarios o cargos de libre designación de la Consejería de Medio Ambiente”.