Galego
Un escandalo en las ayudas a los menores lleva a la dimisión de todo el gobierno de Holanda
El gobierno del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, renunció en bloque este viernes por su mala gestión de las ayudas a las familias.
El gobierno del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, renunció en bloque este viernes por su mala gestión de las ayudas a las familias.
La decisión se produjo tras una investigación parlamentaria donde se encontró que funcionarios del servicio tributario, con supervisión del gobierno, habían llevado a miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, a la ruina financiera con acusaciones infundadas de fraude.
El reporte de la investigación dijo que cerca de 10.000 familias habían sido obligadas a devolver decenas de miles de euros de ayudos, lo que provocó desempleo, bancarrotas y divorcios.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales comenzaron a enviar cartas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos, y los acusaban de fraude fiscal, pidiéndoles justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.
Las acusaciones se hicieron al parecer sin fundamento alguno, y la agencia tributaria tampoco dió explicaciones a los afectados. Luego se demostró que principalmente familias de origen extranjero habían sido objetivo de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, considerado ilegal por discriminatorio en una practica que continuó durante años.
Una abogada de origen español, Eva González Pérez, fué quien levantó la voz de alarma en 2014, antes de que el caso estallara en la prensa nacional. Su marido dirigía una agencia de niñeras en Eindhoven que se vio directamente afectada por la retirada de subvenciones a esos padres, sus clientes, que pagaban con las ayudas estatales su asistencia.
Como abogada social, decidió ayudar a los padres afectados, quienes recurrieron a ella desesperados porque, por más que enviaban documentos de respaldo de sus gastos y justificaban su necesidad de recibir esta subvención, las autoridades fiscales mantenían bloqueada su asignación. Los mantenían en espera durante años, y también les pedían devolver lo recibido en plazos de tiempo insostenibles.
Ni siquiera empezó su caso alegando discriminación racial, sino errores de procedimiento que dejaron “a toda esa gente sin poder pagar sus facturas” y el juez le dio la razón a decenas de victimas que ahora suman ya 26.000 personas.
Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido y aunque el gobierno decidió compensar su sufrimiento con 30.000 euros y prometió buscar soluciones a los padres que lo han perdido todo, varias familias han decidido denunciar ante el Tribunal Supremo a cinco miembros del Ejecutivo.
El caso estalló públicamente en septiembre de 2018, y provocó la renuncia de secretario de Estado de Hacienda, Menno Snel, entre acusaciones de discriminación racial.
Escribe tu comentario