Críticos con la mina de Touro alertan que el nuevo plan supone igual riesgo camuflado de sostenibildad

Además, varios de estos planes asociados -como la planta solar, la de purines y el centro de reciclaje de materiales de construcción- son susceptibles de recibir dinero público de los fondos Next Generation de la UE. "Además del desastre en la zona se quieren aprovechar de los fondos covid que deberían ir para las personas realmente afectadas por la crisis", se quejan desde el colectivo que colideró las protestas contra el primer proyecto.En todo caso, conseguir el permiso minero no depende de guarderías o patrocinar las camisetas del Compostela.


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Vecinos y ecologistas empiezan a movilizarse tras anunciar Atalaya Mining un "nuevo" proyecto para reabrir la mina de cobre de Touro. 


Los cru00edticos con la mina lograron mucho apoyo en las comarcas costeras de la Ru00eda de Arousa como muestra esta imagen de archivo


Los críticos con la mina lograron mucho apoyo en las comarcas costeras de la Ría de Arousa como muestra esta imagen de archivo de una reunión con cofradías

 


Miembros de la Plataforma Mina de Touro o Pino Non consultados por Galiciapress se muestran especialmente críticos con la actividad de la Asociación Plataforma Trabajadores Mineros Touro o Pino. Este colectivo está reuniéndose con agentes sociales y políticos para intentar convencerlos de las bondades del nuevo plan.


"No les queda más remedio que hacer lo que les manda el jefe", señalan los críticos. En su opinión, la mayoría de los miembros del colectivo pro-mina son trabajadores o familiares de operarios de Explotaciones Gallegas. 


Explotaciones Gallegas es el grupo local propietario de los terrenos. Es socia de Atalaya Mining, la multinacional que pone el dinero, en Cobre San Rafael, la sociedad instrumental cuyo primera petición tumbó la Xunta. "Los mandan a ellos porque Alberto Lavandeira y Eva Gómez no se atreven", señalan en referencia a los directivos.


¿GREENWASHING?

Según la documentación promocional del nuevo proyecto, Cobre San Rafael promete esta vez algo más que los empleos en la mina. El nuevo plan incluye un parque solar, una guardería, una planta de purines y continuar con los patrocinios deportivos que llevan años en marcha.


Desde la Plataforma interpretan que los promotores buscan disimular el enorme impacto ambiental y social de la mina detrás de una "máscara de sostenibilidad". Además, varios de estos planes asociados -como la planta solar, la de purines y el centro de reciclaje de materiales de construcción- son susceptibles de recibir dinero público de los fondos Next Generation de la UE. 


"Además del desastre en la zona se quieren aprovechar de los fondos covid que deberían ir para las personas realmente afectadas por la crisis", se quejan desde el colectivo que colideró las protestas contra el primer proyecto.


En todo caso, conseguir el permiso minero no depende de guarderías o patrocinar las camisetas del Compostela. La Xunta deberá analizar de nuevo los aspectos técnicos, cuando las compañías presenten la documentación. 


La Plataforma se muestra tranquila sobre el resultado. "Son los mismos los mismos terrenos, las mismas balsas, las mismas distancias a las viviendas y el mismo riesgo de ruptura de las balsas", señalan.




El riesgo de ruptura de las balsas fue uno de los argumentos de los técnicos de la Xunta para informar en contra del primer permiso. El temor a que el Ulla sufra un episodio como el desastre de Aznalcóllar es un factor muy importante. 


La ruptura de las balsas de Aznalcóllar llevó vertidos tóxicos hasta el Parque Nacional de Doñana. Un accidente similar en Touro podría llevar los vertidos por toda la cuenca del Ulla hasta la Ría de Arousa. 


La subsistencia de miles de familias de mariscadoras, marineros y hosteleros depende de la salud medioambiental de la Ría. Los críticos se apuntaron un gran tanto en su lucha contra al proyecto al conseguir una masiva muy importante contra la mina en Arousa.


Aunque en teoría el proyecto saldrá adelante o no en función de criterios técnicos, la lucha por convencer a la opinión pública es clave porque, al fin y al cabo, la decisión final es política. Hay docenas de miles de votos en juego entre los trabajadores potencialmente afectados por la mina. 



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